El negocio de la coca en Norte de Santander, y especialmente en la zona del Catatumbo, sigue ‘vivito y coleando’, pero además con una alarmante tendencia a incrementarse, pese a que esta convulsionada región hoy cuenta con un actor menos en la cadena: las Farc.

Si bien la apuesta del Gobierno en los últimos años ha estado enfocada en encontrar nuevas alternativas para reducir la siembra de los cultivos ilícitos, como la construcción de confianza en aquellas comunidades históricamente abandonadas, y fortalecer los planes de sustitución, en lugar de la erradicación, el resultado es un aumento del 115%  en las hectáreas sembradas en el departamento, entre 2015 y 2016.

De acuerdo con el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas, Norte de Santander pasó de tener 11.527 hectáreas con coca en 2015 a 24.831 el año pasado.

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Esto ubica a la región como la tercera del país con la mayor área cultivada con coca (17%) en 2016, seguida de Nariño y Putumayo.

Según el Simci, tres municipios de  la zona del Catatumbo (Tibú-Sardinata y El Tarra) figuran entre los 10 del país con la mayor cantidad de coca sembrada el año pasado. De estos, Tibú y el Tarra repiten en los primeros lugares de la tabla, mientras que Sardinata entró el año pasado a engrosar la lista con el 3% del total sembrado a nivel nacional.

La radiografía sobre la evolución de los cultivos ilícitos deja ver que la mitad del incremento está concentrada en tan solo dos departamentos, Nariño y Norte de Santander, y que el mayor crecimiento de la coca se siguió presentando en las zonas que ya tenían el volumen más alto sembrado en 2015.

Uno de los datos del informe que llama la atención es que el 80% de los lotes identificados en 2016, ya había sido detectado, asperjado o erradicado previamente.

“Esto quiere decir que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas siguen siendo las mismas y han encontrado nuevos estímulos para incrementar el área sembrada con coca”, reza el informe.

Tibú, el más afectado

Ni la existencia de una zona veredal, ni la firma del acuerdo de paz en La Habana, y mucho menos el reforzamiento que se esperaba por parte de la fuerza pública en aquellos lugares del departamento que fueron dejados por las Farc, cambiaron el panorama de Tibú, uno de los municipios más golpeados por el conflicto, como consecuencia de la disputa entre los grupos al margen de la ley por el negocio de la droga.

Por el contrario, esta localidad se mantuvo como la más afectada de la región con la presencia de cultivos de coca. Según el Simci, de 4.379 hectáreas sembradas en 2015, el municipio pasó a tener 12.787 en 2016. Esto representa el 52%  del área sembrada en el Catatumbo. 

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Los cultivos están asociados a los centros poblados de La Gabarra, Versalles y la cabecera municipal de Tibú.

La situación que allí se registra también ha valido para que el municipio, ubicado al norte del departamento, se sitúe como el segundo con mayor amenaza por presencia de cultivos de coca. 

Una circunstancia que se ha visto reflejada en el aumento considerable de los asesinatos tanto en el casco urbano como la zona rural.

“En estos municipios la problemática exige una intervención intensiva, que actúe tanto en las zonas de producción consolidadas como en las áreas en expansión para evitar el rápido crecimiento de las áreas cultivadas con coca. Así mismo, requieren que las acciones de control de la oferta vayan acompañadas de estrategias activas de debilitamiento de las redes de tráfico y de la circulación de sustancias químicas para la producción y transformación de los derivados de la coca”, señala las Naciones Unidas.

Caño Indio, en aumento

El informe del Sistema de Monitoreo deja ver, igualmente, el impresionante aumento de los cultivos de coca a los alrededores de la zona veredal de Caño Indio (Tibú), dispuesta para la concentración y desmovilización de los guerrilleros del frente 33 de las Farc que operaban en el departamento.

Según los datos de las Naciones Unidas, este punto es el más afectado de la Región Central por presencia de coca. Lo anterior, por cuanto a menos de 5 kilómetros de los campamentos se pasó de 164 hectáreas en 2015 a 714 hectáreas en 2016.

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Este alarmante crecimiento puede guardar relación con la sorpresiva multiplicación de familias que se produjo desde el año pasado en el sitio y que fue puesta en evidencia por La Opinión.

De acuerdo con la información recolectada en su momento, de 53 familias que habitaban Caño Indio desde que se creó la vereda, se pasó a 77 en poco tiempo.

Además, según datos de la Agencia de Renovación Territorial (ART), de 12 núcleos familiares que había antes de terminar enero pasado en el cuadrante de la zona veredal y que serían beneficiados económicamente por la sustitución inmediata, se pasó a 46.

Pero, ¿cuáles son las razones del elevado aumento?

Para las Naciones Unidas, la nueva estrategia de lucha contra las drogas que se configuró por parte del Gobierno Nacional, con el ánimo de atender el fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia, ha tenido  implicaciones directas en la dinámica de los cultivos ilícitos.

Así, por ejemplo, a partir del 2009, los 10 municipios que ocupan hoy los primeros lugares con mayor área de coca sembrada registraron  acciones “que limitaron la operatividad de estrategias de interdicción como la aspersión aérea y erradicación manual forzosa”.

En el caso de Norte de Santander, específicamente, se produjo la suspensión de la aspersión aérea desde 2010 por condiciones de orden público, lo cual se ha visto reflejado en el considerable incremento de las hectáreas afectadas desde entonces.

En el informe se advierte también que aunque la mayoría de las comunidades afectadas sigue siendo la misma, ellos han encontrado nuevos estímulos para incrementar el área sembrada.

Uno son los beneficios anunciados como contraprestación por la sustitución y que se han asociado a lo que se pactó en el acuerdo de paz con las Farc.

Daniel Rico, exasesor de Política Antinarcóticos del Ministerio de Defensa e investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), consideró que ante la expectativa de la negociación que fue posible con las Farc, los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Catatumbo comenzaron a recorrer la zona y a motivar la siembra, bajo el argumento de que el Gobierno se los iba a cambiar por dinero.

“Eso logró una promoción del cultivo ilícito como mecanismo de captura de recursos para sustituir”, sostuvo.

No obstante, para el experto son muchas las razones que han conllevado a que en el Catatumbo se duplicarán los cultivos de coca en 2016.

Según Rico, además de la eliminación de la aspersión y la erradicación, el cambio de líderes regionales, el posicionamiento de nuevos grupos ilegales, las dinámicas políticas regionales y el paro campesino del 2013, contribuyeron en el panorama que se dibuja hoy en el departamento en materia de cultivos ilícitos.

Frente a este último aspecto, aseguró que con dicha movilización, el Catatumbo logró llamar la atención y que llegaran muchos recursos, pero buena parte de estos dineros se destinaron como mecanismo de financiación para la siembra de la coca.

“A partir de ese momento se hizo una sustitución a la inversa. Llegó más plata, se premiaron unas clientelas locales que aprovecharon ese recurso y lo que hicieron fue invertir en algo que conocen que es la coca”, aseguró.

Para el investigador de la FIP, otro factor que ha sido determinante en la radiografía que presenta Norte de Santander es que el Catatumbo renunció a un proceso de relacionamiento con el Gobierno en favor de los campesinos y se pasó a los intermediarios, quienes tienen sus propios intereses.

“Aquí entra Ascamcat, quien tiene un interés político que lo que ha buscado es maximizar recursos que no les llegan a los cultivadores de coca, porque así ha sido diseñado y negociado con el Gobierno Nacional”, señaló.

Agregó que otro elemento que se debe tener en cuenta es que, a diferencia de otras zonas del país en donde la salida de las Farc del negocio de la droga fue determinante, en el Catatumbo se demostró que esta guerrilla no era dominante, y su retiro del territorio, en cambio, lo que permitió fue oportunidades para otros actores armados.

En este sentido, Daniel Rico no ve que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos que impulsa el Gobierno tenga futuro. “Eso no va a generar ningún impacto en la región del Catatumbo”, dijo.

Lo que dice Ascamcat

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que ha asumido la representación de los campesinos en el proceso de sustitución, en medio de varios cuestionamientos, reconoce que la mesa de interlocución que se estableció tras el paro de 2013, pudo haber incidido en el aumento de las hectáreas cultivadas.

No obstante, Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación, asegura que el análisis no puede ser sesgado, puesto que si bien se suspendieron las erradicaciones y fumigaciones, en ese mismo instante se hicieron propuestas para sustituir, pero el Gobierno no tuvo voluntad de hacerlo. 

En cuanto a los incentivos, también acepta que estos pudieron haber favorecido el aumento del cultivo y que muchas personas pudieron interpretar “de manera perversa”, que el que no tuviera coca no se iba a beneficiar del acuerdo de paz.

“Pienso que un factor puede ser el tema de la pedagogía, de la interpretación minuciosa del acuerdo de paz”, sostuvo.

Quintero anunció que están a la espera de que el 4 y 5 de agosto se puede avanzar con la firma del acuerdo municipal de sustitución en Tibú, junto con el Gobierno Nacional.