La región del Catatumbo, una de las más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, ya empezó a caminarle a la sustitución y a la búsqueda de alternativas que permitan aterrizar en este territorio el acuerdo de paz que se firmó con las Farc.

Después de la tensión que se vivió en enero pasado por la falta de consenso entre las comunidades y el Gobierno, sobre una propuesta que permitiera poner fin a estas actividades ilícitas, lo cual dejó en riesgo la continuidad de Caño  Indio (Tibú) como zona veredal, 200 familias de este municipio  firmaron un acuerdo de sustitución sobre igual número de hectáreas sembradas.

Los planes, que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), establecido en el punto cuatro del acuerdo de paz, comenzarían a aplicarse en las veredas Caño indio, Chiquinquirá, Progreso 2 y Palmeras Mirador, todas cercanas al sitio en el que las Farc se concentrarán para su proceso de desarme y desmovilización.

El Gobierno explicó que los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas que se acogieron al Programa, incluyen, en un principio, la eliminación de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra de coca, ni la participación en la comercialización ilegal de las materias primas para la producción de drogas ilícitas.

Los participantes cooperarán  además con la caracterización de las familias de la zona, para así ayudar a  formalizar  la inscripción de nuevos cultivadores en el proceso de sustitución.

Estas familias también estarán involucradas de manera activa en la construcción, ejecución y seguimiento al Plan Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y Desarrollo Alternativo, así como en las obras de interés comunitario.

Según se conoció, en este momento el Gobierno y las familias de las cuatro veredas de Tibú que firmaron el acuerdo se encuentran trabajando en las alternativas mediante las cuales harán efectiva la sustitución.

En los próximos días se reunirán en una asamblea comunitaria para aterrizar las propuestas y definir las fórmulas de inversión que se harán por parte del Ejecutivo.

Tal y como quedó establecido en el Programa, entre los beneficios que recibirán las familias en el primer año por acogerse a los planes de sustitución figuran:

-Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses.

-$1’800.000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez.

-$9’000.000 por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.  

En esta primera etapa, más de 55.000 familias de todo el país reemplazarán sus cultivos de coca en más de 38.000 hectáreas, por productos que les permitan contar con ingresos estables y así tener una calidad de vida digna.