Esta tarde, a las 5:00, el Concejo de Cúcuta está citado para proceder con la elección de contralor municipal, tal y como lo ordenó el juez noveno penal municipal, César Alejandro Ordóñez Ochoa, en el fallo de tutela que favoreció a la única candidata a dirigir el organismo de control fiscal, Alix Yirley Vargas Torrado.

No obstante que la corporación decidió acatar lo establecido en la sentencia, entre los concejales se mantienen las dudas frente a la forma cómo deberán actuar en la votación.

“Nos dejaron ante un limbo jurídico porque nos citan otra vez a votación para elegir contralor, pero (el juez) tampoco nos dice si debemos elegir a la doctora Alix Yirley Vargas Torrado, entonces ahí yo veo un vacío jurídico”, manifestó el concejal Nelson Ovalles, de Opción Ciudadana, quien admitió que en su caso particular se siente en una encrucijada.

Y es que fueron justamente esas inquietudes las que llevaron a este dirigente a enviarle una solicitud de aclaración al juez noveno, en la que le pedía ser mucho más explícito en la determinación que tomó en la sentencia y precisar si él y sus compañeros estaban obligados a elegir como contralora a Vargas Torrado.

No hay lugar a aclaraciones

A pesar de que los integrantes del cabildo que tienen dudas sobre la elección de hoy esperaban una respuesta positiva por parte del juez, ayer en la tarde se conoció la contestación, en la que el funcionario advierte que en este caso en concreto “no hay lugar a la aclaración pedida”.

Para sustentar su decisión, trajo a colación el artículo 285 del Código General del Proceso y un auto de la Corte Constitucional que hace referencia a las aclaraciones y en los que se precisa que: “se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella”.

Ante esto, el juez Ordóñez Ochoa consideró que “al leer una vez más íntegramente el texto de la sentencia, (este despacho) no encuentra que contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, tampoco ambigüedades”.

Y advirtió que si la aclaración planteada por el concejal Ovalles lo que busca es variar o adicionar “las precisas órdenes plasmadas en la parte resolutiva”, para ello está la segunda instancia, que, si así lo considera, podría revocar o modificar parcialmente la decisión que impugnó el Concejo.

“Como no halló el despacho, tampoco el señor presidente del Concejo municipal y el abogado especial de esta parte, en el plazo legal, hipótesis de las establecidas en la ley y la jurisprudencia, traídas a colación, no hay lugar a la aclaración pedida”, concluyó el juez de tutela.

Primará la lógica de cada concejal

Antes de conocerse la respuesta del juez noveno penal, el primer vicepresidente del Concejo, Bachir Mirep, había planteado que de no existir una aclaración por parte del funcionario judicial, el Concejo estaría ante la posibilidad de acatar el fallo, pero con la lógica de cada concejal.

“Nosotros vamos a acatar el fallo hasta donde sea posible. Sigo insistiendo en que un juez de la República y menos un juez de tutela puede vulnerar el principio de discrecionalidad en la elección de contralor, porque hay muchas razones, una de ellas es que esta se hizo a través de un concurso público de méritos y no de una convocatoria pública como dice la Constitución”, consideró Mirep.

Dijo que como no hay concurso público de méritos en este caso, no puede hablarse de lista de elegibles, “y un juez de tutela no puede amarrarnos a una lista, que ni siquiera es lista porque es una sola candidata la que queda”.

Conceden impugnación

De otra parte, el juez noveno penal municipal, César Alejandro Ordóñez Ochoa, resolvió conceder la impugnación presentada por el Concejo de Cúcuta, mediante su apoderado, el constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, al fallo de tutela que amparó los derechos de la única candidata a la Contraloría, Alix Yirley Vargas Torrado.

“A través de la secretaría envíese el expediente a la oficina judicial, con el fin de que realice el reparto de rigor entre los juzgados penales del circuito de Cúcuta”, ordenó el funcionario.

Como se recuerda, el abogado defensor del Concejo alega que Vargas Torrado tenía a su disposición otros mecanismos para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, antes que el recurso de amparo, y explicó que no era posible la elección de contralor “por ausencia de pluralidad de candidatos.

Lo que sí descartó el juez fue la impugnación presentada por el abogado Álvaro Janner Gélvez Cáceres, apoderado de la exconcejala y excandidata a contralora municipal, Blanca Cruz González. Esto por cuanto “no cuenta con legitimación por pasiva y tampoco con interés jurídico dentro de esta actuación procesal”.

Juez noveno pide que lo investiguen

^{Víctor fidel suárez, presidente del Concejo de Cúcuta.}

En medio de la novela en que terminó convertida la elección de contralor y personero de Cúcuta, el juez noveno penal municipal, César Alejandro Ordóñez Ochoa, que tuvo a cargo el fallo de tutela que amparó los derechos de Alix Yirley Vargas Torrado, única candidata a contralora, pidió que lo investiguen penal y disciplinariamente.

Su decisión está sustentada en la grabación que circuló en un medio de comunicación de la ciudad y en la que el presidente del Concejo, Víctor Fidel Suárez, hace referencia a unos supuestos favorecimientos económicos que habría recibido el funcionario judicial para amparar los derechos de Vargas Torrado, esposa del excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo.

“Solicité al director seccional de Fiscalías, ordené al fiscal delegado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, inicie indagación en mi contra por las manifestaciones que son de público conocimiento referidas a que fui “parchado” para favorecer la elección de contralor municipal”, le informó el mismo juez al presidente del Concejo.

En el oficio, Ordóñez Ochoa también le pide al concejal del Partido Conservador que envíe o presente sin demora alguna “cualquier evidencia, elemento material probatorio o información legalmente obtenida al despacho del presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y al fiscal delegado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, porque requieren con urgencia la prueba para investigarme”.

De ser así, el juez le sugiere a Suárez que radique la denuncia en su contra o rinda versión bajo la gravedad del juramento ante la autoridad competente.

*La Opinión