La mesa directiva del Concejo de Cúcuta deberá convocar en un término de máximo seis días hábiles la elección del contralor del municipio, a partir de la lista de seleccionados elaborada por la CUN y de la cual solo hace parte  una candidata.

Esto, luego de que el Juzgado Noveno Penal Municipal decidiera amparar los derechos de Alix Yirley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, y quien fue superada por el voto en blanco.

En el fallo de tutela conocido ayer en la tarde, el juez César Alejandro Ordóñez Ochoa determinó que el Concejo sí quebrantó el debido proceso administrativo de Vargas Torrado, así como el libre acceso a la administración pública y el derecho al trabajo.

“Por ende, deberán ampararse dichos derechos y emitirse la orden al Concejo Municipal, representado legalmente por el señor presidente Víctor Suárez Vergel o quien haga sus veces, para que en término máximo de tres días hábiles, contados desde la comunicación de esta sentencia, proceda a convocar a los concejales a sesión plenaria, luego de vencido ese plazo, fije fecha y hora dentro de los tres siguientes días, con el único fin de proceder realmente a elegir el contralor municipal para el periodo 2016-2019, de acuerdo a la lista final publicada por esa corporación”, escribió el juez en su decisión.

En la sentencia se advierte que un tema totalmente distinto es declarar desierto un concurso de méritos o convocatoria pública “porque esto surge cuando ninguno de los aspirantes haya obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en las pruebas de conocimientos, competencias, o cuando no hubo aprobación por el aspirante o aspirantes de las demás etapas eliminatorias previstas en la convocatoria”.

Para el juez, la inconformidad que manifiesta el Concejo en la contestación de la demanda, en el sentido de que estaba imposibilitado para elegir por cuanto no había pluralidad de candidatos en la lista final, desconoce los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil, para la elección de contralores, así como algunas “previsiones” de ley.

“El Concejo municipal no estableció la figura o sanción de no elegir contralor bajo la hipótesis de existir el nombre de una sola persona en la lista final. Tampoco estableció la figura de iniciar una nueva convocatoria pública en tal evento, mucho menos cuando está vigente, en firme y válida la lista final”, concluyó el juez.

Al revisar los argumentos de la parte demandada, Ordóñez Ochoa  también consideró que en el caso de la elección de contralor municipal, sí era viable y procedente “como expresamente lo previó la Ley 5, elegir de lista con el nombre de un solo candidato, consecuencia de convocatoria”.

En otro aparte del fallo, el juez señala que la tesis del Concejo “radica en imponer sanción a la única aspirante de la lista final fruto de la convocatoria pública, pues textualmente pretende que la accionante participe ‘en la nueva convocatoria pública’ para proveer el cargo de contralor periodo 2016-2019. Tesis que de plano desconoce el mérito como principio rector de acceso a la función pública”.

Como se recuerda, el presidente del Concejo, a través de su apoderado, el constitucionalista Alfredo Beltrán Sierra, había pedido que se declarara improcedente la tutela, por cuanto Alix Yirley Vargas Torrado tenía a su disposición otros mecanismos para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, antes que la tutela.

Así mismo, argumentaba que no era posible la elección de contralor “por ausencia de pluralidad de candidatos” y que no era cierto que Vargas Torrado tuviese el derecho adquirido de ser elegida.

La exconcejala y participante del proceso de selección al cargo de contralor, Blanca Cruz González, por medio de su apoderado, se había vinculado como coadyuvante del Concejo, pero el juez desestimó su solicitud de declarar  improcedente la tutela.

No obstante, contra esta decisión todavía procede el recurso de impugnación.

Compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría

El juez noveno penal también ordenó, en el fallo de tutela, compulsar copias para que la Fiscalía y la Procuraduría, si así lo consideran, investiguen todo lo relacionado con el proceso de contratación y escogencia de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), para el desarrollo de la convocatoria pública.

En la decisión se advierte que la compulsa cobija únicamente a los anteriores miembros del Concejo, incluyendo su mesa directiva, y a los representantes de la CUN que intervinieron en el convenio.

Durante el estudio del recurso de amparo  el juez ordenó, igualmente, comunicar al director seccional de fiscalías, al defensor del pueblo regional, al procurador General de la Nación y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, un episodio del que, al parecer, fue objeto el secretario del juzgado,  Samuel Fernando Páez, según el cual “un sujeto con el nombre Dalai Rodríguez, lo abordó ofreciéndole ‘buen dinero’ para favorecer o direccionar la decisión de fondo”.

*La Opinión