Justo el mismo día en que se conoció el fallo de la tutela que amparó sus derechos y que le ordenó al Concejo de Cúcuta seguir adelante con el proceso de elección de contralor, la única candidata al cargo que quedó en la lista de seleccionadas, Alix Yirley Vargas Torrado, recibió amenazas, a fin de que desista de su aspiración.

Así se lo hizo saber Vargas Torrado a la Fiscalía, que ayer mismo ordenó una medida de protección especial para garantizar su seguridad.

“Cuando salió el fallo comencé a recibir muchas llamadas. Mucha gente me felicitaba, pero en otras no me hablaban. Después me enviaron dos mensajes de texto en los que me decían que desistiera, que no me buscara problemas”, relató la candidata a contralora.

Dijo que desde que se vinculó al proceso y comenzó a liderar la lista de seleccionados, recibió comentarios y críticas, pero estos nunca trascendieron al tono amenazante.

Vargas aseguró que desconoce de dónde provienen los mensajes y por eso pidió que la Fiscalía esclarezca cuanto antes lo sucedido.

“No sé de dónde provienen estas amenazas. Puede ser alguien por intimidarme. Alguien a quien no le conviene que yo esté en la Contraloría. No sé”, sostuvo, tras advertir que esta situación no la llevará a renunciar a su aspiración.

Alix Yirley Vargas es esposa del exaspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, y después de una serie de pruebas elaboradas por la CUN se convirtió en la candidata con el mayor puntaje de una lista de tres que cumplieron con las diferentes etapas de selección.

A pocos días de la elección por parte del Concejo, las otras dos aspirantes que llegaron a la final desistieron de seguir participando del proceso, por cuanto se encontraban inhabilitadas.

De esta forma, Vargas Torrado, una ingeniera de Producción Agrícola que se desempañó como directora de Bienestar Social en la administración de Donamaris Ramírez Lobo, quedó como la única opcionada a dirigir el ente de control fiscal.

No obstante, el 9 de enero, la mayoría del Concejo votó en blanco y la elección fue declarada desierta, por lo que el proceso terminó en una tutela.

En ella, la virtual contralora alegaba que le fueron violados varios derechos, entre ellos, al debido proceso, dignidad humana y al libre acceso a la administración pública, puesto que, asegura, fue admitida por mérito propio.

*La Opinión