Las 621 familias que en 2016 se postularon para acceder a los beneficios del programa 'Mi Negocio', una iniciativa de la Alcaldía de Cúcuta y el Departamento para la Prosperidad Social, sienten que las dejaron con los crespos hechos.

El programa estaba dividido en cuatro fases, las dos primeras, de alistamiento y formación para el plan de negocio, y las dos últimas, para la aprobación y capitalización, para lo cual se suscribió un convenio entre la alcaldía (Banco del Progreso), del Departamento para la Prosperidad Social y la Fundación de profesionales unidos para la comunidad (Fundapruc), por un valor de 1.750 millones de pesos.

Según Jaime Amaya, uno de los beneficiarios del programa, todo marchó bien hasta noviembre del año pasado cuando se culminaron las etapas de alistamiento y capacitación. “A partir de ahí, el negocio que aspirábamos a abrir se nos empezó a esfumar”.

Hasta aquí, la Alcaldía desembolsó 500 millones de pesos a Fundapruc, fundación barranquillera de la cual a partir de ese momento (noviembre de 2017) nadie volvió a saber nada.

“Se desapareció como por arte de magia, a tal punto que ni la Alcaldía ni Prosperidad Social daban razón de sus representantes, hecho por el cual la Contraloría Municipal abrió una investigación, al término de la cual se descubrieron graves hallazgos que ponen en tela de juicio el papel de la Alcaldía en ese convenio”, dijo Amaya.

'Mi Negocio' debía quedar finalizado en diciembre de 2017, pero a cambio, lo que se hizo fue liquidarlo por el incumplimiento de Fundapruc en los plazos previstos en el convenio, dijo Amaya.

En mayo del presente año se hizo una mesa de trabajo en la que estuvieron sentados la Alcaldía, Prosperidad Social y los beneficiarios, quienes dejaron constancia de que los únicos que habían cumplido con su parte eran ellos, al asistir a 12 talleres que los capacitó.

Tras la capacitación quedaron presentados muchos proyectos de emprendimiento, entre otros de comidas rápidas, peluquería, alquiler de lavadora y panadería, dijo Amaya.

La Secretaria del Banco del Progreso, Leidy  Bermúdez, dijo que por incumplimiento en los plazos estipulados en el convenio a Fundapruc se le liquidó el contrato.

Pese a que la Alcaldía pagó 500 millones de pesos a Fundapruc, para Bermúdez esa inversión no se perdió por cuando la fase de capacitación se alcanzó a finalizar con éxito. No obstante, para la Contraloría sí se produjo detrimento fiscal.

“De hecho, a partir de la liquidación del contrato a este operador fue que Prosperidad Social se abstuvo de hacer desembolsos”, dijo la funcionaria.

Ayer, Prosperidad Social reveló que la demora en reanudar el convenio fue la apertura de un nuevo proceso licitatorio para escoger al nuevo operador, el cual quedó seleccionado la semana pasada.

“Ya se firmó el acta de inicio y el proceso está en la etapa de perfeccionamiento”, dijeron voceros de la entidad.

La Opinión conoció que el nuevo operador es Fundecia, también de Barranquilla, y su presencia en la ciudad para dar a conocer la reanudación del convenio se producirá la próxima semana, dijo Bermudez.

Hubo detrimento: Contraloría

En la auditoría que se adelantó al convenio de Mi Negocio, la Contraloría Municipal consideró que pese a cumplirse el plazo estipulado para el desarrollo del convenio (31 de diciembre de 2017), se evidenció que el mismo no fue culminado en todas sus fases por parte del operador Fundapruc.

Se advierte que algunos actos administrativos posteriores a la celebración del contrato no se publicaron oportunamente en el Secop, dijo el órgano de control.

Dice la Contraloría que no hay evidencia de que los aportes que le competían a Fundapruc se hayan hecho efectivos.

“Lo anterior deja en evidencia que hubo  una gestión contractual ineficaz, como quiera que no se cumplieron los objetivos ni se lograron los resultados esperados, lo que constituye un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria”, concluye la Contraloría.