En la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Justicia Transicional de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó la primera audiencia contra los exguerrilleros de las desmovilizadas Farc, en las que fueron notificados de los informes con los que se construyó el caso que se adelanta en su contra por secuestros. 

La diligencia inició sobre las 3 de la tarde y concluyó sobre las 6 de la tarde, hora en la que Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, procedió a dirigirse a los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre el inicio de los procesos judiciales en los que tendrán que responder. 

“Nuestro interés por colaborar con la JEP, por comparecer en ella, por responder con plena verdad, no puede ser puesta en duda. Treinta y dos mandos de nuestra antigua organización política militar, hoy en proceso de reincorporación", expresó ‘Timochenko’. 

Rodrigo Londoño además expresó que en lo acordado en La Habana se había estipulado que las audiencias iban a ser reservadas, por lo que no entendía la citación de medios de comunicación a la diligencia judicial. 

“Su transmisión en directo y la filtración previa del informe de la Fiscalía a la prensa, constituyen una clara violación de lo acordado. La presunción de inocencia impone que nadie puede ser considerado culpable sin ser vencido previamente en juicio, con la observancia rigurosa de todas las normas de procedimiento”, agregó el líder del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

Ahora, los excombatientes procederán a estudiar los informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro de Memoria Histórica y un listado de 40 personas secuestradas y desaparecidas, sobre los que deberán expresar en los próximos meses si tienen información acerca de su paradero. 

De las 32 personas citadas, solo nueve acreditaron poderes notariados para su representación por medio de abogados, los otros 23 tendrán que notariar sus poderes en los próximos días, mientras tanto serán representados por medio de abogados de oficio, que integran el Sistema Autónomo de Defensa de la JEP. 

Así mismo, la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento, cerró la sesión recordándole a las víctimas que tendrán un tiempo prudencial para hacer llegar denuncias por secuestros cometidos aparentemente por las Farc, la información la pueden allegar por medio de la página web de la corporación en donde se les indican los requisitos que debe contener la denuncia, también lo pueden hacer por correo electrónico o físico. 

“La Sala tiene un especial interés por conocer el paradero de las personas que fueron reportadas en poder de las Farc y de cuyo paradero no se tiene noticia. En este sentido la Sala conmina a los comparecientes el cumplimiento del régimen de condicionalidad establecer los términos de su colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a la obligación de proporcionar verdad plena y detallada”. 

Entre tanto, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, destacó que está segura de que las personas que comparecieron a la sala de audiencias “tienen el compromiso de ayudar a esclarecer los hechos. La contribución a la verdad consiste en ayudar a establecer qué pasó con los desaparecidos, y en el universo de estas personas están los secuestrados y las personas que pudieron haber sido reclutadas”. 

Por su parte, la procuradora delegada, Mónica Cifuentes, destacó que con el inicio de esta audiencia se consolida un proceso de justicia para sellar un conflicto interno mediante el acuerdo entre las partes que protagonizaron una confrontación que duró más de cinco décadas. 

“En este día, un día ciertamente de carácter histórico, no puedo dejar de reparar en el hecho sustancial de que, a diferencia de lo que ocurrió con otros tribunales postconflicto, de carácter internacional o mixto, los excombatientes que hoy concurren ante estos jueces no lo hacen después de su captura o de una orden internacional de detención: lo hacen voluntariamente. Eso tiene inmenso valor moral y es un hecho que hay que reconocer”, manifestó la representante del Ministerio Público.