Una mancha marrón rasga la capa verde de la ladera de una montaña. Desde el aire, la abertura parece una herida en el paisaje de la región del Catatumbo. La oscura tonalidad empieza a replicarse en bosques, en las orillas de los ríos y en medio de las espesas planicies. Son marcas que representan la huella de una tragedia ambiental. 

Se trata de la deforestación, un mal que desde hace nueve meses tiene encendidas las alarmas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en esta subregión de Norte de Santander, donde los actores armados arrasan con la flora para sembrar plantaciones de cultivos ilícitos y fortalecer la extracción ilegal del carbón.

En sus últimos informes sobre esta problemática, que cada tres meses emite el Ideam, la selva del Catatumbo se convirtió en el núcleo más crítico por la tala indiscriminada de árboles, superando a departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare, cuyos ecosistemas han estado atravesados históricamente por este tipo de devastación.

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Aunque no se tiene certeza de las hectáreas que hasta el momento han sido deforestadas, la entidad tiene concentradas sus alertas en 23 veredas de los municipios de Tibú, Teorama y Sardinata, que por su cercanía a la frontera con Venezuela se convierten en corredores estratégicos para la producción y el traslado de la coca.

“La persistencia de los cultivos de uso ilícito continúa siendo la principal causa de deforestación en este núcleo. Los grupos armados y la consolidación de las plantaciones ilegales promueven la expansión de la coca sobre el bosque natural”, reveló el reporte más reciente.

La mayoría de estas alarmas están asociadas a áreas de vegetación de menos de una hectárea. Sin embargo, los polígonos deforestados previamente revelan una rápida zona de expansión, según el diagnóstico.

El Ideam también evidenció que la madera extraída del entorno selvático es empleada para la construcción de la infraestructura al servicio de la minería ilegal y para garantizar el crecimiento de otro tipo de cultivos, que afloran en esta parte del país.

Tibú, el más crítico

La destrucción de la flora del municipio de Tibú se concentra en una parte de su territorio, donde la guerra ha convivido por años con la proliferación de la mata de coca.

De sus 128.253 hectáreas de bosque, unas 22.754 han resultado arrasadas por esta problemática entre 2012 y 2018, con un escalofriante avance de 3.800 hectáreas deforestadas cada año, que tiene en peligro las márgenes de los ríos Catatumbo y San Miguel, cuyas aguas son usadas para el riego de las comunidades campesinas. 

Uno de los sectores afectados por este fenómeno es el polígono de caseríos que componen el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, el perímetro destinado por el Gobierno Nacional para el proceso de desmovilización del frente 33 de las antiguas Farc.

“Es preocupante que esto ocurra, porque nosotros siempre le hemos apostado a la conservación y cuidado del medioambiente. Vemos que los cultivos ilícitos aumentan y que las plantaciones de la palma de aceite crecen dramáticamente y nadie hace nada para frenar este problema. El llamado urgente es para que las autoridades hagan algo y no dejen a las comunidades desprotegidas”, puntualizó una exlíder de este desaparecido grupo armado.

Un clamor similar lo elevó la alcaldesa Corina Durán, quien reconoció las dificultades para combatir la desforestación debido a la inseguridad, y pidió estrategias más efectivas desde el orden nacional para restaurar el ecosistema, como se hace en la esfera vegetal de la Amazonía.

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“Estamos trabajando con mis funcionarios y Corponor para estructurar un plan que pueda reducir estos niveles (…) También buscamos el apoyo del Gobierno para que formule proyectos más sostenibles con la parte verde de nuestro territorio, articulados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que traigan siembras más amigables con el ecosistema”, aseguró la alcaldesa.

La inseguridad, el mal mayor

Desde hace unos años, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) lidera una estrategia denominada burbujas medioambientales, que se convirtió en una plataforma para articular las acciones de las autoridades locales, la Fuerza Pública y actores sociales bajo un mismo objetivo: la salvaguarda de los ecosistemas.

Sin embargo, la medida no ha despegado del todo, por cuenta de las condiciones de inseguridad del territorio.

Sandra Milena Gómez, subdirectora de Recursos Ambientales de Corponor, admitió la dificultad del acceso al territorio y explicó que Tibú se convirtió en el principal foco de la tala indiscriminada de bosques, porque los niveles de esta problemática han experimentado una tendencia a la baja.

“En la zonas de alto conflicto y donde hay mayor concentración de bosque, es el foco de esta problemática, como lo son La Gabarra y Caño Indio. A veces el conflicto ayuda para que la naturaleza se proteja, pero este no es el caso. Esta zona es estratégica para los cultivos ilícitos, porque hay menos acceso y es en plena frontera”, indicó la funcionaria.

Gómez dijo que el crecimiento de los cultivos ilícitos es proporcional al incremento de la deforestación en el departamento y se mostró preocupada por la repercusión negativa en la  ‘buena salud’ de los humedales de la zona.

Al igual que la Alcaldía de Tibú, Corponor también pidió un trabajo intensivo por parte del Gobierno Nacional, como se adelanta en la zona sur del país. No obstante, ambas instituciones coinciden en que la solución de esta problemática depende, en gran parte, de los pobladores de estos sectores apartados, quienes se deben convertir en una línea de defensa para proteger y sanar las ‘heridas’ de sus propios ecosistemas.

Gustavo A. Castillo | gustavo.castillo@laopinion.com.co