Como “inoportuna” y “contradictoria” calificó la secretaría departamental de Gobierno la decisión del Ministerio de Defensa de adelantar la erradicación forzosa en la región.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Édgar Pallares, quien reveló que el ministerio “dispuso una acción en el departamento para la erradicación forzada de cultivos ilícitos” y que esta circunstancia afecta la firma del acuerdo de sustitución que se cumplió este fin de semana en Tibú con 1.500 familias, y contraviene lo estipulado en los acuerdos de La Habana.

“Somos respetuosos de las decisiones pero nos preocupan estas acciones que pueden alterar el orden público y social del departamento, especialmente en la zona del Catatumbo”, afirmó Pallares. 

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Agregó que desde el gobierno departamental se apoyan “todas las iniciativas de desarrollo alternativo y consideramos que la sustitución voluntaria es la vía más óptima para superar este tipo de dificultades”.

Según el funcionario, Norte de Santander está incluido en la política nacional de sustitución y es una de las regiones priorizadas para ello, razón por la que consideró que la determinación es contradictoria.

“Lo que necesitamos es brindar a los campesinos alternativas y fortalecer la sustitución”, dijo, con miras a que lo que se iniciará en Tibú se extienda a otros municipios.

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Pallares recalcó que solo la sustitución voluntaria conducirá al éxito de los proyectos productivos, y recordó que no se puede caer, nuevamente, en programas que no tengan efectos a largo plazo y no sean sostenibles.

Según indicó, la inversión por familia que se vincule a la sustitución es de 36 millones de pesos, aproximadamente, por dos años, tiempo durante el cual las familias aprenderán a sostenerse de forma independiente.