“Nunca hablé de consecuencias legales”, afirmó categóricamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en referencia al pago del rescate que hizo la familia del ingeniero José Ramón Cabrales al grupo armado ilegal Eln.

La afirmación del ministro se dio en respuesta a la dura carta que en la mañana de este miércoles le envió el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en la que cuestiona con severidad al Gobierno Nacional y al jefe de la cartera por insinuar que el pago del rescate “puede tener consecuencias legales”.

Cristo explicó que sus afirmaciones se relacionaban con “la inconveniencia” del pago por la liberación del ingeniero Cabrales, pues el Gobierno nunca estuvo de acuerdo.

“Aquí han distorsionado, aquí han tratado de manipular declaraciones, yo nunca dije que había consecuencias judiciales por el pago del rescate, dije que lamentaba que se hubiera pagado el rescate después de que el Gobierno había pedido que no lo hicieran”, señaló.

Y agregó: “a una pregunta dije que yo me atrevería a señalar si habría o no consecuencias legales y allí dirigentes o gente que intenta manipular el dolor de la familia Cabrales, y utilizar ese dolor en contra del proceso de paz, pretende sacar otras conclusiones”.

Incluso, recordó que la familia Cabrales “está aquí en Bogotá con protección del Estado colombiano y estamos pendientes de su situación y así será porque no se puede aceptar que ahora que se comience un diálogo, el Eln pretenda que en las próximas semanas la familia tenga de desembolsar otra suma”, sostuvo.

En su carta al ministro del Interior, el jefe del Ministerio Público afirmó: “causa profunda indignación que el Gobierno Nacional se pronuncie con frases que pueden llegar a constituir una nueva victimización, luego de pretender utilizar indebidamente la liberación como un ‘gesto de paz’ para validar la negociación pública con el Eln”.

Ordóñez Maldonado fue más allá, al advertirle a Cristo que el Gobierno fue “incapaz” de garantizar el derecho a la libertad de Cabrales y que “dada la gravedad del caso, es prudente que el Gobierno Nacional repare el daño que esa afirmación genera en la familia Cabrales y en miles de víctimas similares; para hacerlo, en aras de los derechos de los que son titulares, sugiero, de la manera más comedida, se presenten disculpas públicas y el compromiso de que tal actitud nunca se vuelva a repetir”.

Bogotá | Colprensa