A través de una carta dirigida al ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, el procurador general Alejandro Ordóñez expresó su desconcierto por las declaraciones que emitió este martes el integrante del Gobierno nacional sobre la liberación por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) del Ocañero Ramón José Cabrales, quien duró casi siete meses secuestrado.

Cristo reprochó es día a la guerrilla por el cobro realizado para dejar libre a Cabrales, pero además destacó que el pago hecho por la familia Cabrales, del que no se sabe el monto exacto, “puede tener consecuencias legales”.

Es por esto que Ordóñez fustigó al ministro, pues “causa profunda indignación que el Gobierno Nacional se pronuncie con frases que pueden llegar a constituir una nueva victimización, luego de pretender utilizar indebidamente la liberación como un ‘gesto de paz’ para validar la negociación pública con el Eln”.

“El señor Cabrales estuvo sometido a la tortura del secuestro…Durante este tiempo la familia acudió a las autoridades con el fin de que se lograra su retorno a la libertad, sin que se hubiera conseguido su rescate, ni tampoco ningún resultado en el marco de las conversaciones que con el Eln ha mantenido el Gobierno, a pesar de haber condicionado el fin de ese secuestro a un eventual proceso de paz”, manifestó el procurador.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que el Estado colombiano fue incapaz de garantizar los derechos a la libertad, la integridad y a la vida de Cabrales y “ahora sugiere que podrían –los parientes- asumir consecuencias jurídicas por salvar la vida del secuestrado”.

Ordóñez citó el Decreto 262 de 2000 y la Constitución, sobre la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, para recordarle a Juan Fernando Cristo que quien paga “por necesidad de salvar la vida y
recobrar la libertad propia o ajenas, obedece a un móvil altruista reconocido universalmente por el Derecho”.

Destacó que sugerir “consecuencias legales” a quienes bajo amenaza de asesinato de un familiar en cautiverio dan dinero para su liberación “pone injustamente a las víctimas como violadores de una ley que no existe y no puede existir”.

“En esa circunstancia se enmarcarían miles de familias víctimas de secuestro que, ante la incapacidad del Estado y el móvil altruista de salvar a sus parientes, tuvieron que ceder ante la demanda criminal”.

Ordóñez argumentó que es prudente que el Gobierno repare los daños causados a los Cabrales y a víctimas similares con esa afirmación. “Sugiero de la manera más comedida, se presenten disculpas y el compromiso de que tal actitud no se vuelva a repetir”, concluyó.

Esta es la misiva del procurador al ministro Cristo: 220_300316comunicacion.pdf

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