El reiterado ingreso de carros venezolanos a territorio colombiano, en momentos en que la frontera se encuentra cerrada, dejó de ser un secreto a voces para convertirse en un hecho que tiene en el filo de la navaja a los concesionarios de carros colombianos.

El fenómeno, que quedó en evidencia con la aprehensión de 12 vehículos que eran comercializados en compraventas locales, dejó también al descubierto la enorme brecha que se está abriendo al mercado formal de automotores, debido a los débiles controles que se hacen en las trochas informales, por donde particulares pagan para que les pasen los carros que compran en el vecino país para luego venderlos a precios bajos en territorio colombiano.

El caso no solo llama la atención por los carros último modelo que circulan por el área metropolitana, sino por los que ya llevan años y tienen domicilio en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios o El Zulia.

El secretario de Hacienda del departamento, Martín Martínez, reveló que ninguno de los vehículos venezolanos tiene soporte legal para estar circulando en el área metropolitana de Cúcuta y ninguno paga impuesto. “Es decir, son ilegales”, señaló.

¿Cómo se explica la presencia de carros venezolanos último modelo en Cúcuta, cuando la frontera está cerrada?, se preguntó Martínez, y recalcó que esto es contrabando y debe ser intervenido por las autoridades competentes, “porque se sabe que dueños de compraventas están adquiriendo estos vehículos para venderlos en Cúcuta”.

Martínez recomendó a las personas abstenerse de comprar estos carros.

La directora Regional de Fenalco, Gladis Navarro, acusó pérdidas millonarias en los concesionarios de vehículos locales por esta competencia desleal que se está presentando por el  ingreso de carros de contrabando a Colombia.

“Ellos (los concesionarios) presentaron en 2016 un decrecimiento de 10,5 por ciento con respecto a 2015, lo cual atenta contra un sector que además de pagar impuestos en el área metropolitana, genera empleo”, dijo Navarro.

Martínez llamó la atención del Gobierno Nacional en el sentido de que la solución para reglamentar el tránsito de carros extranjeros hace rato se espera y se llama internación.

El funcionario reveló que tras el cierre de la frontera en 2015, los vehículos que estaban antes de esa fecha, con Soat colombiano, nunca se internaron legalmente, como lo ordenan las normas legales.

Dijo que en las mesas de concertación de apertura de frontera que se instalaron el año pasado, el ministerio de Transporte trajo a Cúcuta un borrador del decreto de internación, con una reglamentación que planteaba que todos los carros que estuvieran internos en el departamento, antes del cierre de frontera y sus propietarios demostraran que estaban circulando con anterioridad en Norte de Santander, tenían derecho a la internación por cinco años, inicialmente,  prorrogables tres años más.

Esto conllevaría un trámite de matrícula y la reglamentación de una tarifa para el cobro de la internación, que estará a cargo del Mintransporte, dijo Martínez.

Se aspira, según lo planteó el gobernador, William Villamizar, a que de este recaudo se destine el 50 por ciento al departamento y 50 por ciento para los municipios en donde esté registrado el domicilio de cada automotor.