El alcalde de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras, y su secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero, deberán seguir el desarrollo del juicio en su contra desde prisión domiciliaria, pues el juez Cuarto Penal del Circuito consideró que no había lugar a levantar la medida de aseguramiento que pesa sobre ellos.

A los dos funcionarios, la Fiscalía Décima Especializada de Cúcuta les imputó, a finales de octubre, los delitos peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, por las irregularidades presentadas en el contrato suscrito entre el municipio y la Corporación Vida y Progreso, el 24 de octubre de 2016, por un monto de $164 millones y que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.

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Ese mismo día, sus abogados apelaron la decisión, pero tras analizar las pruebas y los documentos aportados dentro de la investigación, ayer, el juez del circuito consideró que efectivamente existen elementos que demuestran no solo la gravedad del daño causado, sino una inferencia razonable en la responsabilidad del alcalde y su secretario en los hechos ocurridos.

De esta forma, el funcionario judicial resolvió confirmar la decisión adoptada días atrás por el juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, quien concluyó que existen evidencias de las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución y liquidación del contrato suscrito entre el municipio y la Corporación Vida y Progreso.

El juez también determinó en ese momento que la medida de aseguramiento era necesaria por cuanto los delitos cometidos atentan contra los bienes del Estado, existe una gravedad por el daño causado, no se cumplió con los mínimos exigidos y los fines esenciales de cumplir con la vigilancia y uso eficaz de los recursos públicos, además de que las afectadas fueron nueve familias víctimas de la violencia, lo cual fue respaldado por la segunda instancia.

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Al término de la audiencia en la que se ratificó la medida de prisión domiciliaria, el abogado del secretario de Gobierno, Sair Contreras Fuentes, manifestó que estudiarán nuevos recursos y pruebas, con el fin de intentar lograr la revocatoria de la decisión.

“Se ratifica la decisión de primera instancia, pero aún siguen existiendo debilidades probatorias y argumentativas por parte de la Fiscalía que la defensa analizará y estudiará para poder desvirtuar la inferencia razonable de autoría”, manifestó Contreras Fuentes.

Tras esta nueva decisión, ahora resta esperar que comience la etapa de juicio, la cual arrancará en cuatro meses, máximo, con el escrito de acusación por parte de la Fiscalía. 

De no surtir efecto un nuevo recurso por parte de la defensa de los investigados, el mandatario pamplonés y su secretario se mantendrán suspendidos del cargo.

La Opinión conoció, igualmente, que la Procuraduría Provincial de Cúcuta abrió una indagación preliminar contra Ronald Contreras y Jeiver Saith Acero, también por las presuntas irregularidades en el contrato con la Corporación Vida y Progreso.