La Fiscalía General de la Nación continúa siguiéndoles los pasos a los servidores públicos de Norte de Santander, incursos en el presunto manejo irregular de los dineros públicos, y que a la fecha deja ya una alcaldesa destituida, otra en juicio, varios funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta detenidos, así como al gobernador y a un exgobernador frente a una imputación de cargos.

Ayer, el turno fue para el alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, capturado junto con su secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero, y la representante legal de la Corporación Vida y Progreso,  Gloria Inés Soto Martínez, en medio de un operativo relámpago que tuvo lugar en la ciudad mitrada.

El mandatario de los pamploneses, quien pertenece al partido Centro Democrático,  es señalado de haber incurrido, presuntamente, en peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según la información suministrada por el organismo investigador, los hechos que tienen hoy a Contreras a punto de ir a la cárcel se relacionan con  la firma de un convenio, en octubre del año pasado, entre el municipio y la Corporación, por $169 millones, que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.

Dicha suma fue distribuida en  nueve proyectos que  superaron la convocatoria hecha por la Alcaldía y que estaban relacionados con el impulso de iniciativas como marroquinería, peluquería, las granjas Mamapacha y Avícola, la finca San Miguel, una despulpadora de frutas, confecciones, una tostadora de café y para la elaboración de productos de aseo.

El malestar que desencadenó la denuncia

Si bien en diciembre del año pasado las víctimas que residen en Pamplona comenzaron a recibir los insumos para poner a rodar sus proyectos, el malestar entre los beneficiarios no se hizo esperar, por la calidad de los materiales entregados.

Estas inquietudes fueron ventiladas en una sesión del Concejo que tuvo lugar el 20 de febrero pasado y en la que varios coincidieron en que lo prometido no se reflejó en lo que recibieron.

Miguel Urbina, por ejemplo, aseguró que le prometieron la entrega de dos vacas lecheras, insumos y la construcción de un establo, pero las dos reses no resultaron ser tan productivas como le aseguraron, los alimentos suministrados estaban vencidos y el establo que ya era de su propiedad, lo hicieron pasar como entregado por la Corporación Vida y Progreso.

Otra de las beneficiadas denunció que para su salón de belleza le entregaron sillas y elementos usados y oxidados.

“La doctora Gloria Soto, en una entrevista sobre las necesidades del negocio, me sugirió a mí y a todos, que ninguna otra víctima se debía enterar de lo que a mí se me iba a dar, para que no hubiera inconformismo que unos recibirían más y otros menos”, denunció en ese momento la víctima.

Entre los cuestionamientos que se escucharon en el debate de control político hecho a la administración, algunos señalaron que nunca recibieron más que un CD con información.

La entrega de algunos de los elementos y productos se dio a mediados de diciembre del año pasado en el salón de sesiones del Concejo. Allí estuvo el alcalde y el secretario de Gobierno, quien estaba encargado de supervisar la ejecución del convenio.

Las víctimas recordaron que en esa oportunidad les hicieron firmar unos documentos en los que, aseguran, después aparecía que recibieron todo a entera satisfacción, cuando no era cierto.

Estas denuncias llevaron a que la mayoría de los concejales firmara una proposición en la que se acordó elevar la queja a los órganos de control, incluida la Fiscalía.

Por estos mismos hechos, en mayo, el presidente del Concejo, Calixto Gélvez, denunció ante la plenaria haber recibido amenazas por, supuestamente, haber remitido el caso a las autoridades.

Pocas reacciones

Tras la captura del alcalde y el secretario de Gobierno, en la Alcaldía de Pamplona el desconcierto fue absoluto y nadie se atrevió a referirse al caso.

En el Concejo, uno de los pocos que reaccionó a la decisión de la Fiscalía fue Ovidio Carvajal, quien aseguró que esto obedece a la rápida actuación del ente investigador.

El concejal dijo que es función de la corporación hacer control político y que cuando las víctimas dieron a conocer las presuntas irregularidades en la entrega de los elementos por parte de la Corporación

Vida y Progreso, inmediatamente las remitieron a los órganos de control para que investigaran el tema.

“Ellos manifestaron en la plenaria que lo que les habían entregado no eran de calidad, ni correspondía a los montos estipulados  en el convenio”, sostuvo.

En vista de que el mandatario de los pamploneses fue trasladado de inmediato a Cúcuta para la audiencia en las que se definirá si es enviado a prisión, como pide la Fiscalía, o le permiten seguir en libertad mientras avanza la investigación, del municipio quedó encargado el secretario de Planeación, Mohamad Nayeh Amra Dayekh.

El proceso de legalización de captura, imputación y definición de la medida de aseguramiento continuará hoy, a las 8:30 de la mañana, en el Palacio de Justicia.

Otros enredados con la justicia 

El alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, es el tercer  mandatario de Norte de Santander elegido para el periodo 2016-2019 que es requerido por la justicia por la celebración indebida de contratos.

No obstante, la lista de funcionarios comprometidos por el presunto manejo irregular de los dineros públicos es larga. Estos son los casos:

Yamile Rangel Calderón, exalcaldesa de Sardinata. Condenada a cinco años y tres meses de prisión por la firma de un contrato para la construcción de unas unidades sanitarias en la zona rural del municipio.

Miriam del Socorro Prado, alcaldesa de Ocaña. Fue capturada en febrero pasado por la celebración indebida de tres contratos y la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El caso involucra también a los secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano, y de Tránsito, Albert Emiro Urquijo Sánchez. Los funcionarios fueron dejados en libertad, pero siguen vinculados a la investigación.

Telésforo Blanco y Lola Carvajal: el secretario de Hacienda y la asesora jurídica de la Alcaldía de Cúcuta fueron capturados por las presuntas irregularidades en el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Edgar Díaz y William Villamizar: el exgobernador y el gobernador actual de Norte de Santander serán llamados a imputación de cargos por peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales, por la firma de un contrato de más de $6.000 millones.