Luego de tres días de audiencia y después legalizar la captura e imputar cargos, el juez cuarto penal municipal, Rafael Sarmiento, dictó medida de aseguramiento a cinco detenidos por la irregular contratación del Plan de Alimentación Escolar (Pae) de Cúcuta.

Luego de que la Fiscalía presentara sus pruebas, la defensa de los dos funcionarios de la Alcaldía y los tres de la Unión Temporal Dadles vosotros de Comer, defendieron el tipo de contratación que hicieron y argumentaron que los sobrecostos expuestos correspondieron a la mejora del servicio.

El juez envió a la cárcel a Telésforo Blanco, actual secretario de Hacienda del Municipio y exsecretario de Bienestar Social, y a la asesora jurídica Lola Carvajal, mientras que a Martha Mendoza Camargo y Andrés Manuel Silva, y el sacerdote católico Víctor Manuel Lazzo, empleados y representante legal de la firma contratista, respectivamente, les permitió disfrutar de casa por cárcel.

El abogado de los funcionarios dijo que impugnará la medida; el proceso queda a la espera del juicio.

Los implicados fueron detenidos el martes, luego de que la Fiscalía los requiriera por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por un monto de 3.640 millones de pesos.

Durante la audiencia, los familiares de los detenidos y algunos funcionarios públicos que fueron a acompañar la diligencia se mostraban tranquilos, pues aseguraban la inocencia. Sin embargo, tras conocer la decisión del juez, expresaron su sorpresa, pero aseguraron que durante el proceso se comprobará la inocencia.

Los detenidos habían sido llevados ante la justicia por la celebración del contrato del PAE, que la Alcaldía, a través de Bienestar Social, otorgó a la unión temporal, una alianza entre la Pastoral Social de la Diócesis católica de Cúcuta y la Corporación Paz y Futuro.

Entre las irregularidades que se pusieron de manifiesto figuran el tipo de contratación, a través de la modalidad de contracción directa, así como el aumento injustificado del valor del contrato, que benefició a los mismos 58 mil estudiantes de años anteriores.

La defensa

Durante la audiencia, la defensa indicó que “el programa requirió la compra de elementos con los que no se contó en el contrato anterior  como desinfectantes, la contratación de manipuladoras de alimentos y la compra de elementos de aseo”.

El abogado de los funcionarios agregó que se entregaron complementos alimentarios con ración de queso, como cruasán, por valor de 693 pesos y pan de 483.

La variable lácteos (del menú obligatorio) cambió, puesto que ya no se entregó leche en bolsas que valían 700 pesos, sino en empaque tetrapack UHT , según ellos, mucho más costosa.

Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes, y finalmente se determinó medida de aseguramiento a todos, y continuar con el proceso hasta establecer las responsabilidades en el caso.