En enero de 2014, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana recibió una solicitud por parte de la veeduría ‘Transparencia’, con sede en Girón (Santander), para la realización de un ‘Control excepcional’, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de la primera administración del gobernador William Villamizar Laguado (2008-2011).

Un mes después, el 11 de febrero, la Contraloría General de la República autorizó darle trámite a la solicitud de los veedores y durante el desarrollo de las actuaciones especiales del organismo de control fiscal salió a relucir el contrato que hoy tiene en aprietos a Villamizar Laguado, quien cumple un nuevo mandato, y al exgobernador Edgar Díaz Contreras, que fue el encargado de sucederlo para el periodo 2012-2015.

Se trata del convenio 002083 del 14 de diciembre de 2009, adjudicado a la empresa Trituradora La Roca, cuyo representante legal es Pedro Antonio Silva Ruiz, y firmado por el entonces secretario de Infraestructura, Wilmer Carrillo, actual representante a la Cámara por el Partido de la U. 

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Su objetivo principal era el ‘suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundaria del departamento de Norte de Santander’.

Aunque el monto inicial del contrato era de  $4.003 millones “para el suministro de 48.750 metros cúbicos de sub-base granular y 29.250  de base”, por un plazo estimado de 10 meses, un año después, el 23 de diciembre de 2010, a este se le incorporó un adicional por un poco más de $2.000 millones, para el suministro de otros 35.950 metros cúbicos de base, para un valor total de $6.005 millones.

Buena parte de estos materiales estaban destinados a la pavimentación de la vía La Sanjuana-Bucarasica. 

Y si bien el contrato estaba estimado en 10 meses, este se extendió hasta 2012, cuando comenzó la administración de Edgar Díaz Contreras.

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En el arranque de su gobierno, el entonces secretario de Infraestructura, Víctor Oliverio Peña, el contratista y la interventora Lucy Elena Urón, acordaron dos modificaciones nuevas, a fin de  disminuir las cantidades de material contratado, y por tanto los valores a pagar, e incluir aspectos relacionados con el transporte de los mismos.

Lo que encontró la Contraloría

Aunque el contrato se liquidó aparentemente sin inconvenientes, más adelante el control excepcional hecho por la Contraloría General de la República dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades que serían las que motivaron la compulsa de copias a la Fiscalía y el anuncio de imputación contra el gobernador y el exgobernador.

En total, la auditoría determinó que en el caso del contrato 002083 se encontraron tres hallazgos con presunta incidencia fiscal y uno con incidencia penal.

En el informe reseñan, por ejemplo, que existió una diferencia entre el material entregado por la Trituradora La Roca y el revisado por la Contraloría, de 8.290 metros cúbicos, como faltante en uno de los predios en donde se acopió el mismo. 

Así mismo, se advirtió que existía material que llevaba expuesto más de cuatro años, sin ningún tipo de protección y cubierto de maleza, lo cual “evidentemente” cambió sus propiedades.

Para la auditoría, esto dejó al descubierto deficiencias en la planeación del contrato, puesto que se adquirió un material pétreo que no se utilizó, lo cual podría traducirse en una falta, “por cuanto los recursos invertidos en la compra del suministro no producen un beneficio real y se tendrían como mal invertidos”.

Otra de las conclusiones fue que el acta de liquidación del contrato no era consecuente con la realidad, toda vez que no se registró ningún saldo a favor del departamento por cuenta de los más de 8.000 metros cúbicos de material que, según el informe de la interventoría, quedaron disponibles en la trituradora.

“Esta situación podría constituir un presunto detrimento al patrimonio, al hacerse un uso ineficiente de los recursos por valor de $340’158.000, por cancelarse un suministro que no fue utilizado”.

Un tercer hallazgo fiscal determinó, además, que se habría reconocido un pago adicional de $957 millones, por el transporte del material, pese a que este ítem “ya estaba incluido en el valor y forma de entrega pactado”, al inicio del contrato.

Contrato sin cumplimiento de los requisitos

La Contraloría determinó, igualmente, que el contrato de suministro de materiales pétreos pudo haberse celebrado sin cumplir los requisitos legales.

Lo anterior, por cuanto el contratista, Pedro Antonio Silva Ruiz, no cumplía con las condiciones habilitantes exigidas en los pliegos de condiciones, como lo era poseer la licencia de explotación minera expedida por la autoridad competente.  “Aun así le fue adjudicado el contrato en mención, con el visto bueno del funcionario responsable, en este caso el secretario de Infraestructura”.

Con base en estos hechos es que la delegada ante la Corte Suprema de Justicia pudo haber motivado su solicitud de imputación de cargos contra William Villamizar Laguado y Edgar Díaz Contreras, por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Otros procesos archivados

Aunque la investigación de la Fiscalía en contra del gobernador William Villamizar Laguado y el exgobernador Edgar Díaz Contreras apenas empieza su curso, otros procesos que se han  abierto por este mismo contrato ya concluyeron, ordenando el archivo  de los mismos.

Uno de ellos era el que seguía la Contraloría contra el actual representante Wilmer Carrillo Mendoza, quien fue el encargado de firmar el convenio, en 2009.

En marzo del año pasado, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal también anuló el proceso que se adelantaba contra el exsecretario de Infraestructura, Víctor Oliverio Peña, y Lucy Elena Urón, por una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al considerar que en la investigación existieron irregularidades que afectaron el debido proceso.

Con base en estos antecedentes, la defensa de William Villamizar Laguado y Edgar Díaz Contreras  buscará demostrar que en sus casos no hubo una actuación indebida y por lo tanto no es procedente la imputación de cargos.