El presunto manejo irregular que se le dio a un contrato cuyo fin era beneficiar a las víctimas del conflicto armado terminó, paradójicamente, por llevar a prisión domiciliaria a quien fuera el primer secretario encargado de trabajar por este sector de la población en Norte de Santander: Ronald Contreras.

El alcalde de Pamplona fue cobijado este miércoles con medida de detención preventiva en su residencia, mientras avanza la investigación en su contra, por lo que la ciudad mitrada tendrá que seguir bajo el encargo del secretario de Planeación, Mohamad Nayeh Amra Dayekh, hasta tanto un juez del circuito decida si revoca o no la determinación.

La medida fue proferida también contra el secretario de Gobierno de ese municipio, Jeiver Saith Acero, quien fue capturado el pasado  24 de octubre junto con el mandatario pamplonés.

A los dos, la Fiscalía Décima Especializada de Cúcuta les imputó los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, por las irregularidades presentadas en el contrato suscrito entre el municipio y la Corporación Vida y Progreso, el 24 de octubre de 2016, por un monto de $164 millones, y que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.

De acuerdo con los argumentos presentados por el ente acusador, una de las primeras situaciones que se le reprocha a los funcionarios, es que del monto acordado apenas se habrían invertido poco más de $30 millones, quedando en entredicho el resto de los dineros.

De la misma forma, la Fiscalía señala que el convenio que se suscribió, mediante la modalidad de contratación directa, no presentó ningún estudio técnico, así como tampoco soportes sobre el objeto a contratar, no hubo socialización y además se le cerró el paso a la licitación pública, lo que no permitió garantizar la libre escogencia.

La fiscal del caso también llamó la atención en cuanto a que, en abril pasado, el contrato fue liquidado con los soportes y comprobantes que demuestran  que el dinero fue utilizado en su totalidad, pero contrario a ello, hace unos días, la representante legal de la Corporación Vida y Progreso, Gloria Inés Soto, quien también fue capturada, hizo devolución de $93 millones, como parte de un acuerdo con el ente investigador.

A esto se le suma el hecho de que a pesar de que las denuncias por parte de las víctimas sobre la mala calidad de los materiales entregados para los proyectos y otras que aseguran no haber recibido nada o mucho menos de lo que les prometieron, ya existían, la Alcaldía decidió liquidar el contrato y no hicieron cumplir la póliza que  lo respaldaba.

Para la Fiscalía, estas situaciones revisten absoluta gravedad y permiten inferir que existe una “razonable autoría” por parte del alcalde y del secretario de Gobierno en los delitos imputados.

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Lo que consideró el Juez

Ante los elementos aportados por el ente investigador y luego de escuchar los alegatos por parte de la defensa de los investigados, el juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías concluyó que existen evidencias de las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución y liquidación del contrato suscrito entre el municipio de Pamplona y la Corporación Vida y Progreso.

En ese sentido, consideró que la medida de aseguramiento era necesaria por cuanto los delitos cometidos atentan contra los bienes del Estado, existe una gravedad por el daño causado, no se cumplió con los mínimos exigidos y los fines esenciales de cumplir con la vigilancia y uso eficaz de los recursos públicos, además de que las afectadas fueron nueve familias víctimas de la violencia.

El funcionario judicial determinó que en este caso prevalece el derecho colectivo de los presuntamente afectados, sobre el derecho individual a la libertad del mandatario pamplonés y de su secretario.

Pero, si bien el juez  concluyó que hay claridad sobre la existencia de un daño grave y de que la actuación fue cometida por dos servidores públicos, “el despacho no cree que los investigados no vayan a comparecer cuando sean requeridos”.

Por esa razón, resolvió que era pertinente decretar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero en sus casas.

Esta decisión fue apelada por los abogados del alcalde, Álvaro Luna Conde, y del secretario de Gobierno, Sair Contreras Fuentes, y será un juez del circuito el encargado de determinar si mantiene o revoca la medida.

Ronald Contreras y Jeiver Saith Acero fueron trasladados ayer mismo a sus residencias, en Pamplona, en donde tendrán que esperar una nueva consideración dentro del caso, y la continuidad del proceso en su contra.