En septiembre de 2016, y a pocos días para que se celebrara el llamado plebiscito por la paz, Cúcuta fue testigo de una intensa campaña para promocionar el ‘Sí’ y lograr la refrendación popular de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc, en Cuba.

Decenas de hombres y mujeres vestidos de amarillo que hacían parte del programa de generación de empleo liderado por la administración municipal, asumieron la tarea de replicar entre los cucuteños el mensaje en favor de la paz y motivar la participación de los votantes, el día de los comicios.

Y aunque la promoción del ‘Sí’ fue un compromiso asumido por el alcalde César Rojas con el presidente Juan Manuel Santos, detrás de la mancha amarilla, de las grandes manifestaciones que se organizaron y de las movidas que se dieron en busca de la victoria del plebiscito, el 2 de octubre, día de la votación, había un verdadero interesado: el exalcalde Ramiro Suárez Corzo.

Del resultado de este mecanismo de participación dependería su futuro, puesto que al refrendarse el acuerdo de paz, la justicia especial que fue diseñada para el sometimiento de quienes tuvieron alguna relación directa o indirecta con el conflicto, entraría a funcionar, con beneficios importantes para aquellos contra quienes pesan grandes condenas. Un resultado adverso en las urnas, podría complicar sus planes.

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Y así se lo advirtió el mismo exmandatario, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a los empleados de la Corporación América Barí, operadora del programa, según lo asegura uno de ellos,  Asdrúbal Orozco Castrillón, quien tiempo después terminó enfrentado con la administración, por el no pago de sus salarios.

Según el extrabajador, Suárez Corzo lideraba reuniones vía Skype desde su sitio de reclusión y en ellas les exigía compromiso con la campaña por el plebiscito, así como la búsqueda de votos. “Él nos decía que lo ayudaran porque si el plebiscito ganaba, él en tres o cuatro meses estaba en la calle y que iba a llegar a Cúcuta, que iba a haber más empleo y plata para Cúcuta. Que si perdía no había nada”, recuerda Orozco, quien salió de la ciudad por amenazas.

Efectivamente pidió vía en la JEP

Y si bien la artillería que empleó el condenado exalcalde no logró el objetivo de ayudar a la victoria del ‘Sí’, pues en Cúcuta la derrota fue contundente (34,63% frente a 65,36% del ‘No’), la renegociación del acuerdo de paz y la refrendación vía Congreso, le devolvió la respiración a Suárez Corzo  y confirmó que este, efectivamente, estaba buscando sacar provecho del histórico proceso de paz con la guerrilla más vieja del país.

La Opinión conoció que el exgobernante, quien se encuentra condenado a 27 años de prisión por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, perpetrado el 6 de octubre de 2003 a manos de los paramilitares que operaban en Cúcuta, solicitó ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que está próxima a entrar en funcionamiento.

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Si bien todavía no se conoce el contenido de la carta que la defensa de Suárez Corzo presentó ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP y en la que expone los argumentos por los cuales considera que puede recibir los beneficios de la justicia especial, personas del círculo más cercano del exmandatario aseguran que la petición está basada, concretamente, en el caso de Flórez, quien fungió como asesor de la Alcaldía.

No obstante, de ser aceptado, su propósito sería que el segundo proceso penal que avanza en su contra, por el asesinato del veedor ciudadano, Pedro Durán Franco, ocurrido el 12 de agosto de 2003, también sea tenido en cuenta.

Por este caso, el exalcalde ya fue llamado a juicio, pero las audiencias de la etapa probatoria se encuentran suspendidas desde hace varios meses, toda vez que este le revocó el poder al abogado que lo estaba defendiendo y pese a que la justicia le ha ofrecido un defensor público, no ha dado respuesta.

Lo anterior dejaría en evidencia su interés por aguardar que sea la justicia especial para la paz la que acoja los dos casos y lograr así una pena alternativa o un beneficio que le permita retornar a Cúcuta.

Pero, ¿qué tan viable es que su caso sea aceptado en la JEP?

Expertos consultados sobre el caso de Ramiro Suárez Corzo difieren sobre las posibilidades que tendría el exalcalde de que su caso sea asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz y recibir los beneficios que establece el acuerdo de paz.

Como se recuerda, el cuestionado exmandatario fue mencionado por varios paramilitares como colaborador de las autodefensas que operaron en Cúcuta, a cambio de favores, como el asesinato de Flórez y Durán, o el impulso de su candidatura.

El portal Verdad Abierta reseñó,  en 2011, que tanto Salvatore Mancuso como  Jorge Iván Laverde, conocido como El Iguano, se refirieron a sus nexos con el exalcalde en las confesiones que entregaron en Justicia y Paz.

“En marzo de 2009, ante el juez octavo especializado de Bogotá,  El Iguano aseguró que el exalcalde de Cúcuta se comprometió a trabajar con los grupos paramilitares de la región y ofreció dos cargos de su administración si apoyaban su candidatura”, señaló el medio.

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La misma Corte Suprema de Justicia, en 2013, al ratificar la condena contra Suárez Corzo, concluyó que sí existieron pruebas testimoniales que permitieron demostrar que el exgobernante les pidió a los paramilitares asesinar a Alfredo Enrique Flórez.

Ante este escenario, Alejandro Jiménez, investigador de Dejusticia (Centro de estudios jurídicos y sociales), y quien analizó el caso con base en la información que se conoce, consideró que su solicitud sí podría ser tenida en cuenta por la JEP.

Según Jiménez, el exalcalde Suárez Corzo entraría a considerarse como un tercero que hizo parte del conflicto armado. (Ver recuadro).

“Sí se puede porque lo que se necesita es que haya una intervención de la persona en el marco del conflicto armado, y en la jurisdicción de Justicia y Paz los tribunales ya han relacionado el caso del señor Ramiro Suárez y estas dos personas (Alfredo Enrique Flórez y Pedro Durán), como parte de un patrón de cooptación de los entes estatales por parte del paramilitarismo”, consideró el investigador.

Dijo que en vista de los testimonios que ya existen, se podría inferir que Ramiro Suárez hizo parte del conflicto que se vivió en la capital de Norte de Santander y bien podría aterrizar en la justicia especial.

Jiménez explicó que en caso de que su solicitud fuera aceptada, el exmandatario estaría ante dos escenarios: el primero de ellos es aceptar que fue colaborador de las autodefensas y que los hechos con los que se le involucra sí ocurrieron. A cambio pediría que se le imponga una pena alternativa que definirá la justicia. La segunda opción es solicitar una revisión de la condena de 27 años que existe en su contra.

Lo que sí aclaró el investigador es que, por ahora, el exalcalde no podría ser beneficiado con la libertad condicionada, a pesar de que ya ha cumplido casi seis años de su condena.

“En el caso de Ramiro Suárez la figura no operaría, porque la figura no existe para los terceros. Ahora, después de eso ya si está la posibilidad de acogerse a la jurisdicción de fondo y decir que quiere que su caso lo conozca la justicia especial”, explicó.

Una opinión diferente tiene el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, quien considera que este caso difícilmente tendría cabida en la JEP.

“La relación de los homicidios con el conflicto es solo la intervención de los paramilitares, pero siempre en su relato (el de los exparas) se encuentra que esta es una situación que solo posee relación con este grupo y no a causa o relación con el conflicto, por lo que sería muy difícil entrar en la jurisdicción de paz”, cree el exmagistrado.

Sin embargo, será la Secretaría Ejecutiva de la JEP la encargada de determinar si hay mérito o no para que Ramiro Suárez Corzo entre a buscar los beneficios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición o, como en el caso del exministro Diego Palacio, no tiene cabida en esta instancia.

Lo que dice el acuerdo

El punto cinco del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que hace referencia a las víctimas, especifica los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz y establece que su objetivo principal es satisfacer el derecho de los afectados por el conflicto, a la justicia y la verdad.

Allí se precisa, también, quiénes podrán ser objeto de esta justicia transicional y señala que: “Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a los mecanismos de justicia”.

Así mismo, que: “Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos”.