Adiós a las armas en El Catatumbo

En los primeros días de febrero de este año, los más de 500 guerrilleros del frente 33 de las Farc comenzaron a abandonar las zonas de preconcentración de La Esperanza, San Isidro, El Tarra, Caño Tomás, Teorama y San Calixto e iniciaron la marcha hacia la vereda Caño Indio, en jurisdicción de La Gabarra, para terminar allí más de 30 años de levantamiento en armas contra el Estado.

Este fue uno de los frentes más activos de la Farc y se consideró siempre su territorio un corredor estratégico por su proximidad con Venezuela y la presencia de narcotraficantes y contrabandistas de armas y gasolina en El Catatumbo.

En la zona veredal de Caño Indio se concentró la guerrillerada del frente 33, al mando de los comandantes Jimmy Guerrero y Toledo. Su comandante histórico, Rubén Zamora, no estuvo presente por encontrarse en La Habana participando en la mesa de negociación con el Gobierno.

En Caño Indio se tienen los problemas de las demás zonas de concentración del país, pero los guerrilleros cumplieron con su desmovilización y entrega de las armas. Hasta allí llegó el máximo comandante de las Farc, Timochenko, para saludar y dar ánimo a los hombres que dijeron adiós a las armas en el Catatumbo.

El año de Cristo

Un protagonista sobresaliente de la región, en la política y en el ámbito nacional, fue el exministro cucuteño Juan Fernando Cristo Bustos.

No solo se destacó en el Gobierno y se la jugó por sacar adelante la consolidación del proceso de paz con las Farc y las reformas para su implementación, sino que lideró acciones en favor de la zona de frontera como la mayor atención del Gobierno para las obras trascendentales de los intercambiadores viales de Atalaya y Rumichaca, la ampliación del puente de San Rafael, el nuevo Acueducto Metropolitano que garantiza el abastecimiento de agua por los próximos 50 años, la construcción del búnker de la Fiscalía, los planes en infraestructura y modernización de equipos para la seguridad y convivencia ciudadana y su labor permanente en favor de las víctimas.

No ganó la nominación presidencial pero sigue en la política como gran protagonista.

Cartel de la toga y pozo de la dicha dicha

En agosto pasado el abogado Fernando Castañeda Cantillo, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, se convirtió en el primer magistrado prófugo en la historia de Colombia. Antes había sido suspendido del cargo, tras  librarse orden de captura en su contra por formar parte, según la Fiscalía, de una red de corrupción judicial que a través de fallos amañados de tutelas intentó tumbar a Ecopetrol en más de 134.000 millones de pesos.

Por este hecho también fue detenido y está enjuiciado el magistrado Félix María Galvis. Castañeda, sobrino de la exprocuradora Martha Castañeda, quien fue mano derecha del exprocurador Alejandro Ordóñez. La Fiscalía documentó que en solo dos años, entre febrero del 2010 y julio del 2012, se presentaron 580 contratistas que reclamaron vía tutela el reconocimiento de liquidaciones de prestaciones extralegales de las que gozaban los trabajadores vinculados a Ecopetrol, como el denominado ‘estímulo ahorro’ y las ventajosas prestaciones que históricamente ha dado esa petrolera a sus empleados. 

La ola de sentencias contra Ecopetrol que llegaban al Tribunal de Cúcuta ya había sido advertida desde octubre del 2011. Los accionantes eran personas que venían de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranca. La Fiscalía resaltó que en muchos casos había trascurrido entre cinco y siete años entre la supuesta causal de reclamo y la interposición de la demanda. Incluso revivieron tutelas que habían sido negadas, lo que apunta a que la red pescaba clientes en varias zonas del país. Las irregularidades llegaron a tal punto que los dos magistrados reconocieron pensiones a personas que nunca trabajaron de manera directa con Ecopetrol, y ni siquiera tuvieron en cuenta que la empresa presentó actas y oficios suscritos por los accionantes en los cuales aceptaban que no eran beneficiarios de los pagos. En una sola tutela, del 2011, se concedía a 72 accionantes el pago de 29.724 millones de pesos.

El dolor de cabeza de los PAE

La Contraloría General de la República tramitó en el último año 62 procesos de responsabilidad fiscal en Norte de Santander por 23.000 millones de pesos. 

Específicamente, la actuación especial sobre los recursos públicos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en esta sección del país, estableció seis hallazgos con incidencia fiscal por 1.776 millones de pesos y 13 hallazgos de carácter disciplinario.

Lo ocurrido con el PAE del municipio de Cúcuta es investigado por la Fiscalía y tiene en prisión a varios funcionarios. 

La Contraloría General de la Nación adelanta también otras investigaciones por presuntas irregularidades cometidas en las obras del CDI de Cormoranes y en el Programa del Adulto Mayor, donde estarían comprometidos recursos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del municipio de Cúcuta.

Coletazos de la corrupción

En el año que termina hubo una elección atípica de alcalde, en Sardinata, cuya titular Yamile Calderón fue destituida e inhabilitada por irregularidades en la celebración de contratos; fue elegido su sucesor el exalcalde Jesús Emel Espinel, quien en 2004 también había sido destituido e inhabilitado por contratar con parientes.

La revocatoria del mandato de la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, no prosperó, pero la funcionaria es investigada por celebración indebida de contratos y tráfico de influencia, en lo que también están involucrados otros funcionarios. El alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, está encarcelado y es investigado por el desvío de recursos para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Con él también están detenidos otros funcionarios de la administración municipal.

Imputa la Fiscalía

El 31 de octubre pasado el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado (2008-2011), y su sucesor Edgar Jesús Díaz Contreras (2012-2016), fueron imputados por la Fiscalía General por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de  requisitos legales. 

La diligencia se cumplió ante la magistrada Martha Patricia Trujillo Quiroga, del Tribunal Superior de Bogotá. Según la Fiscalía, el actual mandatario y su sucesor habrían celebrado y liquidado el contrato 2083 del 14 de diciembre de 2009, cuya finalidad era “el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red vial secundaria del departamento” por cerca de 6.000 millones de pesos. 

Este proceso se reanuda el próximo año en medio de la expectativa general.