Por ley, los senadores y representantes que son elegidos cada cuatro años en Colombia tienen derecho a contar con un equipo de trabajo que, entre otras cosas, es el encargado de ayudarles a tramitar esos proyectos que les prometieron a sus electores en campaña.

Estas son las llamadas Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) creadas, en teoría, para “el logro de una eficiente labor legislativa”, por parte de los congresistas y cuyo costo de mantenimiento es asumido por el Estado.

De acuerdo con la Ley 5 de 1992, cada legislador puede contar con un grupo de máximo 10 empleados, ubicados dentro de unos rangos y niveles, dependiendo de su perfil profesional y las tareas asignadas. 

El valor del sueldo mensual de toda esa planta no podrá sobrepasar los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes que, a precio de hoy, representarían unos $40’000.000.

En el caso de Norte de Santander, los cuatro senadores y cuatro representantes (Wilmer Carrillo no entregó información) que fueron elegidos el pasado 11 de marzo, tienen a su alrededor un total de 63 asesores, de los cuales el 74,6% son profesionales, 51% especialistas y 19% con estudios de maestría. 

Esta planta le cuesta a la Nación más de $292 millones por mes.

La anterior cifra es clave, en la medida que del trabajo que desarrollen estas unidades depende la eficiencia de los legisladores y el protagonismo que logren dentro y fuera de la corporación, sobre todo, en favor de la región.

Sin embargo, en muchos casos, estos cargos se han convertido también en un comodín para pagar favores políticos y ayudar a ubicar a esas personas que contribuyeron en sus campañas.

“Los miembros de las UTL se encargan es de estar en la región manteniendo el directorio político del candidato, aceitando la maquinaria desde lo local. En otras ocasiones, lo que sirven es para pagar favores y ya ha habido varios casos y escándalos en donde esas personas contratadas no aparecen,  no se ve su trabajo”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

A propósito de que en este nuevo periodo son varias las caras que por primera vez llegaron al Congreso de la República en representación de Norte de Santander, La Opinión se dio a la tarea de averiguar cómo están conformadas las UTL de los senadores y representantes del departamento, para conocer quiénes son esos asesores a la sombra y esto fue lo que encontramos:

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‘Menos votos, más proyectos’

Aunque la MOE no ha rastreado en detalle las Unidades de Trabajo Legislativo que acompañan a los actuales congresistas, sí tiene conocimiento, por experiencias anteriores, que buena parte de estos equipos se usan no en favor del trabajo legislativo de cada dirigente como debe ser, sino para cuidar los intereses políticos y electorales en sus respectivas regiones.

No obstante, la veeduría resalta que hay algunos casos en particular en los que en realidad sí se ven unas unidades más fuertes y con una importante capacidad técnica, que se refleja en el desempeño de los legisladores.

Por esa razón, para Alejandra Barrios, directora de la Misión, es fundamental que en estas UTL se contraten los perfiles necesarios, pues de esta forma los congresistas podrían responder de manera eficiente a los intereses de los electores, así tengan que sacrificar algunos de sus votos, para poder contar con profesionales mucho más preparados.

“Lo que pasa con las UTL es que como tienen una bolsa, muchas veces sacrifican el conocimiento y el perfil y prefieren contratar a 10 funcionarios que valen menos y no están dedicados al análisis y la elaboración de propuestas, sino a aceitar las maquinarias locales”, considera Barrios