Un importante y trascendental paso dieron el fin de semana las comunidades de Tibú que por años han estado dedicadas al negocio de los cultivos de coca, para dar el salto a la legalidad y recibir los beneficios del acuerdo de paz suscrito con las Farc.

Cinco asociaciones de juntas, 88 presidentes de juntas de acción comunal, 72 comités de sustitución inscritos en la Coccam, y la Asociación Campesina del Catatumbo firmaron con el Gobierno un acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concertada en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

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Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas, Tibú es el segundo municipio de Colombia con la mayor cantidad de coca sembrada en 2016, con 12.787 hectáreas en total.

Ante este panorama, el Gobierno decidió incluir al departamento en el plan piloto de sustitución, el cual arrancó formalmente en mayo pasado, con la inscripción de las primeras 235 familias de los alrededores de la entonces zona veredal de Caño Indio (vereda Palmeras Mirador,  Chiquinquirá  y Progreso II).

Estos núcleos recibieron ya el primer desembolso del Plan de Atención Inmediata (PAI), componente ‘asistencia  alimentaria de Transición’, del que habla el acuerdo, entre junio y agosto pasado.

Con la firma de este nuevo acuerdo, el objetivo es que se pueda lograr la sustitución de manera voluntaria, de unas 6.000 hectáreas de coca, aproximadamente, en la fase inicial del programa.

Además, bajo el entendido de que hay un compromiso para poner fin a los cultivos, no se adelantarán acciones de erradicación en el territorio, salvo que se compruebe que se está incumpliendo lo pactado.

Lo que viene

El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Edgar Pallares, y el vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, Juan Carlos Quintero, explicaron que lo que viene tras la firma de este histórico acuerdo colectivo, es desarrollar el cronograma establecido en el acuerdo, es decir, las asambleas comunitarias que se llevarán a cabo en los corregimientos y veredas Campo Dos, Versalles, Angalia, Campo Raya, La Gabarra, Caño Negro, Spadana, Kilómetro 40, Pachelli y Vetas Central. 

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Allí se analizarán las necesidades estructurales de inversión en el municipio y se procederá con la identificación e inscripción de cada una de las familias que se acogerán al Programa Nacional de Sustitución.

Según Quintero, el propósito es que este siguiente paso pueda arrancar en octubre, para lograr terminar el año con nuevas familias trabajando ya en la sustitución.

Como una forma de generar confianza, el Gobierno pondrá en marcha una estrategia de comunicaciones para promover los acuerdos y motivar a las comunidades, buscando así que participen en los procesos de construcción conjunta de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución.

Datos claves

A partir de la firma de los acuerdos individuales de vinculación con las familias, el Gobierno Nacional, en un plazo de hasta 4 semanas contadas a partir de la firma, dará inicio a la entrega de los componentes familiares del Plan de Atención Inmediata y el desarrollo de proyectos productivos, así como los demás componentes relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución.

Las comunidades que firmen el acuerdo harán el levantamiento total de los cultivos ilícitos, incluida la raíz, en un plazo máximo de 60 días, contados a partir del primer desembolso, por concepto de la asistencia alimentaria inmediata.

El gobierno  se compromete  a contratar del seno de las comunidades, los equipos técnicos para la implementación del PNIS y para ello se tendrá en  cuenta el perfil profesional e  idoneidad necesaria de las personas,  siempre y cuando reúnan los requerimientos respectivos.