En junio de 2011 Colombia vio nacer en el Congreso la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Han transcurrido ocho años de su implementación y uno de los resultados de la norma es el registro de víctimas de la guerra, cuya cifra es actualmente de 8 millones 800 mil.

La legislación, además, ha permitido el proceso de reparación, ya sea colectiva o individua, de los afectados por el conflicto armado. Norte de Santander, uno de los departamentos más heridos por la violencia, la cual no cesa en el Catatumbo, es una de las regiones favorecidas.

De acuerdo con Ramón Rodríguez Andrade, director nacional de la Unidad de Víctimas (UV), han sido indemnizados 24.458 habitantes, con una inversión de 186 mil millones de pesos. A estos recursos se suman 128 mil millones más en giros para las víctimas de las acciones armadas, así como otros dineros destinados para su atención.

En total, han sido invertidos en Norte de Santander más de 334 mil millones de pesos. Rodríguez lamentó que en la convulsa zona del Catatumbo las circunstancias no hayan cambiado con la firma del acuerdo de paz con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.

Agregó que allí, como en otros territorios de Colombia, hubo un reacomodo de los grupos armados ilegales por la ausencia de las Farc. Esto ha llevado a disputas por el control por parte de los actores irregulares en el conflicto generando desplazamientos de campesinos.

En lo que va de 2019 en el Catatumbo, la UV contabiliza 266 familias desplazadas, conformadas por 827 personas, por lo que la mirada de la institución está enfocada en esta zona. A estas víctimas se les ha brindado la asistencia humanitaria que han requerido en cuanto a alojamiento y alimentación, mientras se les ha definido su situación. 

Rodríguez precisó que el año pasado se presentaron en Colombia 76 desplazamientos, pero, en comparación a los ocurridos en épocas anteriores, cuando eran de entre 300 y 900 familias, estos fueron eventos pequeños de 11 o 30 núcleos familiares.

El director de la UV destacó que la Ley 1448 igualmente ha permitido garantizar la atención de las emergencias humanitarias. 

“El Gobierno Nacional es el principal actor humanitario. Sabemos de los desplazamientos masivos que ocurren en el Catutambo y allí estamos trabajando en conjunto con la Gobernación y las alcaldías. La Ley también ha contribuido a atender todas las solicitudes de ayuda humanitaria con una efectividad del 84%”.

El proceso de reparación

Ramón Rodríguez señaló que algo novedoso de la Ley 1448 es el proceso de reparación, que tiene dos formas de atención: individual y colectiva. En la individual ya casi se llega al millón de víctimas indemnizadas, principalmente por desplazamiento. El resarcimiento de los daños también contempla la rehabilitación integral, la restitución y la satisfacción de las víctimas.

“Buscamos siempre orientar a los beneficiarios en el uso de los recursos que reciben (que va hasta 40 salarios mínimos, dependiendo del hecho victimizante) en temas de vivienda, inversión para la generación de ingresos, entre otros”.

En cuanto a la reparación colectiva, hay más de 600 procesos en todo el país y han sido cerrados seis de esos casos. El director de la Unidad de Víctimas manifestó que “este proceso de reparación colectiva tenemos que aunarlo a que las familias tengan un cronograma de trabajo y un presupuesto definido para ir cerrando la reparación”.

Un ejemplo de este modelo de reparación colectiva en Norte de Santander, según Alicia Rojas, directora territorial de la UV, es el de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia (Amuci), a la que el ente ha apoyado “de manera significativa” en una unidad productiva. 

La funcionaria resaltó que las integrantes de Amuci crían cerdos y elaboran embutidos para su comercialización.

Depuración del registro

Ramón Rodríguez Andrade subrayó que vienen ejecutando una depuración al registro de víctimas, a través de un proceso de ‘data cuality’ y el cruce de información de otras plataformas con el Sisbén y Familias en Acción.

“Se está verificando la falsedad de los datos. Ya se han identificado 14 mil casos en los que posiblemente hay falsedad, y se están haciendo los procedimientos para sacarlos del registro. Para ello hay que tener soportes. Le hemos dicho a las víctimas que nos ayuden a hacer control social, porque entre ellas se conocen”.

Orientación a víctimas retornadas de Venezuela

La Unidad de Víctimas también viene trabajando en la asistencia a los colombianos que huyeron a Venezuela por el conflicto armado y que ahora están de vuelta en el país por la crisis política, económica y social que vive la nación vecina. 

En la zona de frontera, la Unidad dispuso dos centros de orientación para los retornados, uno en Villa del Rosario y otro en Puerto Santander.

De acuerdo con Alicia Rojas, directora territorial de la UV, tener una estadística de colombianos retornados víctimas del conflicto ha sido difícil, pues esos connacionales, por pensar equivocadamente que no recibirían ayuda si decían que se vinieron de Venezuela, no declaran que se regresaron.

Esta semana, el director nacional de Víctimas estuvo en La Parada, en donde recorrió la Casa de Paso Divina Providencia. Ramón Rodríguez, asimismo, participó en la entrega de mobiliario para mejorar la atención del Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, en Atalaya.