El procurador general Fernando Carrillo le solicitó a la Sala de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que le ordene a la Fiscalía General entregar todas las pruebas que tiene en contra de Jesús Santrich para que se revoque la garantía de no extradición. 

De acuerdo con Carrillo Flórez, la Procuraduría radicó la sustentación de apelación para que se revoque en su integridad la decisión de la primera instancia. En este caso, aclaró el procurador que tuvo en cuenta 10 argumentos que fueron presentados ante la Sala de la JEP. 

El jefe del Ministerio Público consideró que “las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo por ende la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones, ni flexibilizaciones. Pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente, y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz”. 

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En el segundo argumento, el procurador señaló que la garantía no extradición no es un derecho fundamental o absoluto de aplicación inmediata, es simplemente un beneficio procesal que está sujeto a las condiciones establecidas por la ley, que a su juicio, no puede sobreponerse a la misma. “No sobredimensionemos esa garantía”, sostuvo. 

Por otro lado, el jefe del Ministerio Público aseguró que tal garantía no puede pasar por alto la vigencia y la efectividad en los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición que llevan a garantizar la cooperación entre Colombia y la comunidad internacional. 

“Todos sabemos que la extradición en las últimas décadas ha sido una de las herramientas más importantes en la lucha contra el crimen organizado a nivel global”, dijo Carrillo. 

El procurador también trajo a colación el indictment del excombatiente de las Farc, “la resolución de acusación escrita por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Hernández Solarte (Jesús Santrich) constituye claramente una decisión de la justicia del territorio estadounidense que está sustentada en una actividad probatoria en el ámbito de un ordenamiento penal. No es simplemente como lo estableció la sección de revisión, un acto simple de trámite”. 

Para Carrillo Flórez, la acusación “no es un papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”. 

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Según el jefe del Ministerio Público, en esta acusación se asegura con certeza que los hechos por los cuales la justicia norteamericana requiere al excombatiente de las Farc son posteriores al acuerdo de paz, es decir, 1 de diciembre de 2016. 

“Para la Procuraduría, la Sección de Revisión de la JEP tenía potestad exclusivamente para verificar solo la temporalidad de los hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive”, argumentó. 

Carrillo Flórez aseguró que en este caso no existe ningún vacío entre las normas ni duda sobre que las conductas delictivas del excombatiente se cometieron posterior a la firma final del acuerdo de paz. Prueba de ello, según el procurador, son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía que confirman la realización. 

Por esta razón, la Procuraduría aportó certificación de la Fiscalía en la que se consigna que se asignó noticia criminal para investigar una posible organización delincuencial que estaba dedicada al tráfico de droga. 

El procurador recordó que la Fiscalía con base en la declaración de Marlon Marín Marín excombatiente de las Farc e investigaciones extranjeras, dijo “en la ciudad de Bogotá desde aproximadamente el mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018 el señor Seuxis Pausias (sic) Hernández Solarte y Armando Gomez España, Fabio Younes Arboleda, Marlon Marin Marin, entre otros, se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 hasta 10.000 kilos”. 

Por último, argumentó que el proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este que, puede que haya sido el primero, pero no va a ser el último. “Debemos ser capaces de ‘desantrichizar’ el proceso de paz”, indicó. 

Adujo que “si no queremos que se nos desmorone la paz entre las manos, cumplamos con las reglas de juego establecidas en el acuerdo y no sigamos en la flexibilización de los escenarios de una justicia que no puede desnaturalizarse”.