Analistas aseguran que este asunto agrava la polarización del país y enrarece el ambiente.  

Pocas veces un proceso judicial había provocado un revuelo político como el que vivió el país esta semana. Por lo menos, nunca antes había renunciado un fiscal general porque un organismo judicial tomara una decisión que le fuera contraria.

A pesar de que no era una decisión sorpresiva, desde que se conoció el miércoles pasado el auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impidió la extradición de Jesús Santrich, la avalancha de reacciones y rumores y la incertidumbre sobre el camino a seguir, solo paró cuando el exjefe de las Farc fue recapturado a la salida de la cárcel Picota, dos días después.

En medio de esta turbulencia estaban el futuro de los acuerdos de paz, el respeto a las decisiones judiciales e incluso la estabilidad misma de los poderes del Estado. Algunos llegaron a hablar de una crisis institucional, en especial después de la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aunque para otros solo se trató de una serie de reacciones desproporcionadas a la controversia provocada por un fallo judicial.

Para Jorge Kenneth Burbano, experto constitucionalista, no hubo tal crisis institucional porque cada una de las partes involucradas hizo el trabajo que le correspondía. Para la JEP, su competencia, de acuerdo al analista, era determinar si los delitos de los que se acusaba a Santrich habían sido cometidos después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, y al concluir que no tenía suficientes pruebas ordenó su libertad, como era su deber.

No obstante, pese a que dicha decisión no era definitiva debido a  las distintas opciones jurídicas disponibles para apelarla, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tomó la determinación de renunciar de manera irrevocable arguyendo su imposibilidad personal para firmar la libertad de Santrich estando en desacuerdo con el fallo.  

Desde esa óptica, la decisión del jefe del ente acusador resultó inexplicable, según Burbano, debido a que la última palabra sobre el caso no estaba dada. El Ministerio Público tenía la oportunidad de apelar, como en efecto lo hizo. Como lo demostró la recaptura de Santrich, la Fiscalía también entre sus manos la posibilidad de abrir un nuevo proceso por los mismos hechos por los que se negó la extradición.

De acuerdo con el analista, la decisión del fiscal obedeció más a un asunto personal que institucional, pero lo que sí podría generar una crisis estructural del Estado de Derecho sería que no se respeten las decisiones de los jueces.

Durante la semana, diferentes sectores políticos barajaron una gran cantidad de alternativas que generaron aún más incertidumbre (convocar una asamblea constituyente, declarar la conmoción interior y con base en ella extraditar a Santrich), para el analista político Iván Garzón el camino por el que optó el presidente fue el correcto para mantener los canales institucionales.

El mandatario de los colombianos, Iván Duque manifestó su inconformidad frente a la decisión de la JEP, como era de esperar, pero no acudió a ninguna medida extraordinaria desde el punto de vista jurídico, sino que convoco a un acuerdo político para adelantar las reformas que ya ha propuesto en relación con la justicia transicional.

“La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, manifestó Duque.

Agrega Burbano que aunque no se esté de acuerdo con la decisión de la JEP en el caso Santrich, lo que se espera de un presidente es que se someta al Estado de Derecho y que haya colaboración entre las instituciones  en el marco del respeto de la independencia que tiene cada una de ellas.

“Estamos en una situación difícil en la relación entre Estados Unidos, como se desprende  del comunicado de la Embajada en Colombia, pero internamente creo que es un golpe muy duro a la legitimidad de la JEP. Hay una crisis institucional relacionada con la credibilidad de la justicia y la sostenibilidad del acuerdo”, aseguró por su parte Garzón.

Eficacia de la extradición, en juego

La relación con Estados Unidos y la eficacia del mecanismo de la extradición fue otro de los factores que estuvo en juego esta semana y aún está por ver si a ese país le parece satisfactorio que Santrich sea por el momento juzgado en Colombia.

“El gobierno de Estados Unidos toma nota de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de negar la extradición de  Jesús Santrich. Consideramos esta decisión lamentable, ya que cumplimos con los requisitos de extradición establecidos con Colombia”, manifestó en un comunicado la Embajada de ese país.

El experto en temas políticos, Eduardo Pizano Narváez, afirma que más allá de una crisis estatal, lo que se sigue observando en el país es una gran polarización. Añade que en los últimos días, la extradición de Santrich fue el centro de la polémica, pero vendrán más acontecimientos a enturbiar el clima político. Es solo producto de la fuerte división de opiniones en la que estamos.

En este sentido, el analista John Mario González coincide en que el foco que ha tenido el caso se debe a la polarización y añade que lo grave es que el Gobierno entre en ese juego y le preste una indebida atención a un personaje que hasta hace poco estaba en la ilegalidad. Afirma que el presidente está alentando dicho ambiente porque cree que le conviene, lo cual es grave. “Creo que es muy grave lo que está pasando. El país no le está prestando suficiente atención a los temas importantes que garantizan la sostenibilidad económica y el bienestar para el país  a mediano plazo,  incluso concentrándose  en prestarle demasiada  atención a un tema como el de Santrich que no resuelve de fondo el tema de la paz ni del narcotráfico”, afirmó.