El Gobierno Nacional estudiará el Decreto 2229 de 2017, tramitado durante la gestión del entonces presidente Juan Manuel Santos, que puso la reglas para la internación de vehículos venezolanos y cuyo plazo para ese proceso terminará el 27 de diciembre de este año, con el fin de determinar si afecta los intereses colectivos.

Así lo aseguró Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, durante una reunión realizada este martes con la senadora Milla Romero y el representante a la Cámara Juan Pablo Celis, dirigentes de Norte de Santander.

“Hemos tomados la decisión de presentar ante la ministra de transporte y diferentes ministros que hacen parte del decreto de internación de vehículos la posibilidad de derogar este decreto, (evaluar) si es viable jurídicamente, si realmente no atropella los intereses colectivos”, expresó Ostos.

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El viceministro señaló que la idea es “poder dar una transición” a una nueva legislación que solucione de fondo el problema de internación de vehículos en Colombia.

“Hay una realidad distinta en los diferentes departamentos: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca… que tenemos que abordar de manera integral y sacar un decreto que satisfaga las necesidades de cada región y logremos un conceso lo más amplio, para que se le cumpla a los colombianos”, sostuvo el funcionario.

El congresista Juan Pablo Celis manifestó que la medida tal y como fue dictada afecta a los habitantes de Norte de Santander que “durante muchos años adquirieron su carro venezolano y que, ahora por la crisis política de los dos países, se ven en esta incómoda situación”.

“Esperamos que el Gobierno Nacional nos pueda ayudar y se pueda suspender esta medida que tiene preocupados a muchísimos cucuteños”, recalcó.

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Mientras este debate llega al seno del Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Hacienda departamental aseguró que ya ajustó todo lo necesario para dar inicio al cobro del impuesto de rodamiento que deben efectuar los dueños de los carros y las motos venezolanos que harán el proceso de internación.

Los pagos se harán personalmente, en las sedes de los bancos que funcionan en la secretaría, ubicada en la avenida 5 quinta con calle 11.

Sobre la legalidad de estos vehículos en Venezuela, el diputado Hernando Ross, explicó que debido al cierre de frontera es imposible que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) o el Instituto de Tránsito Terrestre (Intt) en el país vecino emita las revisiones de estos carros; por lo tanto, queda de parte del tenedor o del propietario en Colombia asumir la responsabilidad absoluta sobre cada vehículo.