Los riesgos derivados de la guerra y la falta de acciones que alivien la pobreza son, según los defensores de derechos humanos, las mayores afectaciones para la vida de los nortesantandereanos.

Para organizaciones internacionales como el Pnud, el Consejo Noruego de Refugiados, la Mapp-OEA, entre otras, hay diversos componentes que dinamizan los conflictos, principalmente en el Catatumbo y la zona de frontera, en el área metropolitana.

Según documentos de la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (Umaic), 2017 cerró con dificultades en la construcción de paz, cuya consolidación depende de la garantía de derechos, el cierre de brechas, y otros factores.

Desplazamiento forzado

En 2017, cerca de 1.171 personas del Catatumbo fueron desplazadas de forma interveredal, lo cual comprueba que la confrontación armada en zonas rurales genera constantes perjuicios.

Para el personero de Hacarí, Diógenes Quintero, este año la situación no cambiará.

“En la zona alta del Catatumbo, que incluye San Calixto y Hacarí, el riesgo persiste por la cercanía a los sectores de confrontación”, dice. “Pero la protección de las comunidades queda en el olvido y no hay estrategias integrales de atención, que no sean traer más policía o ejército”.

Según Quintero, el olvido de los desplazamientos y la llegada tardía de ayudas merecen respuestas, así como la solución a la mayor inquietud local: ¿habrá diálogo con el Epl? 

“Siempre insistiremos en diálogos con el Epl porque no se puede desconocer la estructura política de esa organización”, expresa. “A la gente hay que alimentarle la esperanza de que puede acabarse el conflicto, porque hasta ahora, con las actitudes del Gobierno y Eln, se resquebrajó la confianza”.

Comunidades étnicas

El pueblo barí, pese a vivir en resguardos, resulta afectado por el impacto del conflicto, debido al confinamiento acentuado por inseguridad alimentaria, presencia de minas antipersonales, el reclutamiento forzado, y la violencia sexual. 

Desde julio de 2013 esta comunidad viene denunciando violaciones permanentes de sus derechos fundamentales sin mayor éxito, situación que deja tensiones severas de convivencia con los colonos.

Por su parte, el pueblo u’wa mantiene su defensa del territorio y la exigencia del cumplimiento de acuerdos definidos en la minga, pero su principal riesgo es el efecto del accionar de grupos armados, por la dificultad de acceso a bienes y servicios, tal como ocurre en otras zonas de influencia de la infraestructura petrolera.

Por ejemplo, en 2017 se registraron 8 eventos de restricción a servicios que afectaron unas 35 mil personas, por acciones bélicas, bloqueos de vías, e infracciones a la misión médica. 

Frontera

La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales hacen seguimiento de la dinámica fronteriza, y se concluye que a menos de que el Gobierno Nacional tome decisiones contundentes, persistirá el subempleo, la explotación laboral, la inserción en economías ilegales, la explotación sexual y violencias contra mujeres y niños.

Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos, afirma que la frontera requiere una “política agresiva del gobierno no solo en materia migratoria, sino en acciones contra el contrabando y otros delitos”.

Agrega que estos no son los únicos retos, pues también están las garantías para los defensores de derechos, que solo se darán si por fin se lucha contra la impunidad.

“En 37 días del año llevamos cuatro líderes asesinados en Norte de Santander, entre comunales, falsos positivos… Es muy preocupante, sobre todo porque tememos que sean crímenes que queden en la impunidad, sin respuesta alguna sobre qué pasará con ellos”.

Pobreza

La falta de garantía de derechos humanos está enmarcada en las condiciones de pobreza, que se estima en un 40% para la población de Norte de Santander. Es decir, cuatro de cada diez personas viven con menos de $7.511 al día y, de estas cuatro, hay una que sobrevive con menos de $3.334. 

Según las cifras medidas por las necesidades básicas insatisfechas, los municipios con las tasas más altas de pobreza están en el Catatumbo.

Por ejemplo, 79 de cada 100 ciudadanos de Hacarí están en situación de pobreza, mientras que en El Tarra y San Calixto, 73 de cada 100 personas viven en estas condiciones.