Con entusiasmo, alivio y hasta reclamos, los ediles y presidentes de las juntas de acción comunal de Cúcuta recibieron la noticia de que 62 parques de la ciudad serán renovados con una millonaria inversión de la Gobernación.

¡Por fin!, decían en la presentación que el mandatario William Villamizar les hizo para enseñarles lo que será la remodelación de sus canchas de tierra, lotes que de no ser porque están demarcados por la costumbre para jugar, no serían más que un reseco potrero.

Que va a quedar muy bonito, que casi que no llega el arreglo, que ojalá no se demoren como con las cubiertas… En fin. Todo tipo de comentarios y susurros se hicieron, pero al final, primó la satisfacción de tener un sitio agradable para compartir, asolearse y mandar a los niños a distraerse.

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Adrián Murillo, edil de la comuna 7, no ocultó su felicidad, pues así se completa el mejoramiento de muchos barrios, incluido en el que ha vivido durante 40 años: Chapinero.

Allí ya hay un miniestadio, pero ahora “nos engalanan más con el arreglo de nuestro parque principal”.

“En el barrio, hasta cuando estuvo de alcalde el padre Pauselino, medio se pudo hacer un arreglo”, relató. “De resto, todas las administraciones que han pasado no tuvieron la voluntad de hacer parques bien presentados para la ciudad”.

La destinación de 32 mil millones de pesos demostró, según dijeron otros líderes, que sí es posible cumplirles a las comunidades de otros municipios y a la capital nortesantandereana, con dinero de un crédito y convenios con Coldeportes y Prosperidad Social.

Algunos con desconfianza, y otros sin querer sonar muy crédulos con los congresistas, resaltaron que si bien estos no tienen por qué coordinar obras sino estar legislando, cumplieron con la tarea, aunque estos comentarios fueron discretos y tímidos.

“Ahora sí vamos a querer ir al parque de nuestro barrio, porque antes era un chiquero y ahora va a quedar una cosa muy elegante”, comentó Murillo, quien destacó que las tres últimas administraciones departamentales hayan invertido en la ciudad, pero esperan más avances, en especial con la seguridad, esencial para el desarrollo de Cúcuta.

Otras peticiones

Aunque en general los presidentes se muestran tranquilos con saber que tendrán condiciones dignas para sus habitantes, otros esperan mayores explicaciones y participación, debido a experiencias previas desagradables.

Arturo Duarte, presidente de junta del barrio Antonia Santos, pidió “socialización pública, transparente, cifras en medidas y presupuesto, para que no pase igual que con el mirador turístico del Cerro Nazareno”.

“Bienvenidas todas las iniciativas que lleguen, pero que nos escuchen y tengan en cuenta a la comunidad, para que estos proyectos sean satisfactorios”, dijo.

Por su parte, Alfonso Parra, vocero de Asoedilcuc (Asociación de Ediles de Cúcuta) no solo les pidió a las administraciones seguir en la ruta del beneficio para los cucuteños, sino que envió un contundente mensaje a la comunidad.

“Lo que el Estado construye es del pueblo, y es el pueblo el que tiene que hacerlo duradero”, afirmó. “Ojalá, cuando se termine la construcción, no veamos los parques destruidos, y el chatarrero llevándoselos en una carreta…”, finalizó.

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La tarea

En los casos en los que la posesión está a nombre de terceros, los presidentes de junta deberán certificar la sana posesión, es decir, declarar que el lugar lleva determinado tiempo funcionando como espacio de recreación y deporte, con el anexo de firmas de los vecinos que corroboran esta condición.

Luego, con la alcaldía se genera la sana posesión para surtir la fase final del proyecto y empezar a construir.

Resuelto el tema predial, las obras durarían máximo 5 meses, durante el próximo año, con miras a culminar en el primer semestre de 2018.

La anécdota

Tal vez fue eso que llaman ‘karma’, o las dificultades propias de la institucionalidad, pero uno de los retos que afrontó la Gobernación en este proceso fue la legalización de predios.

“Hasta la escritura de Juana Rangel nos tocó sacar, y no se pudo transcribir para una cancha en Carora; pero ahí vamos”, comentó el gobernador, quien no sale de su asombro.

El caso ocurre en Carora y es uno de los más ‘sufridos’ para los funcionarios, debido a que se debe demostrar la sana posesión y legalizarse en un juzgado, o por parte del mismo alcalde.

Desde 2013 se conoció este caso y, al igual que le ocurre a cualquier ciudadano con sus trámites, la Gobernación tuvo que ir oficina por oficina: de Metrovivienda a la Notaría Primera, hasta llegar al Palacio Nacional y encontrar el documento “que no se puede ni mirar, porque se desbarata”.

Durante la proyección de los parques, se encontró la escritura antiquísima e intocable que no se puede transcribir a través de la notaría, por ser patrimonio.

Del predio se sabe que existe, pertenece al municipio, hay una identificación catastral, pero la escritura es inútil.

Este caso es uno de los más complejos porque no se puede declarar la sana posesión debido a que existe el documento por legalizar.

Es una tarea tediosa pero ha resultado interesante por los elementos históricos; una ventaja que se encontró es que en el predio ya se había invertido y ahora solo se depende de la resolución jurídica.