El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), informó que instauró denuncia penal contra 83 personas, entre las que se encuentran contratistas y funcionarios, por presuntos manejos irregulares en la expedición de las guías sanitarias de movilización interna de animales y en sus actuaciones en los puestos de control sanitario.

Las anomalías fueron encontradas en los departamentos de Vichada, Norte de Santander, Córdoba, Boyacá, Cesar, La Guajira, Caldas, Arauca, Quindío, Meta, Santander, Cundinamarca y Huila.

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“Nuestro compromiso es total con la transparencia de la gestión y por esta razón, luego de auditorías internas y en atención a quejas de los usuarios, iniciamos desde hace varios meses investigaciones internas que nos llevaron a instaurar las denuncias penales ante la Fiscalía e iniciar los procesos disciplinarios necesarios, para establecer la responsabilidad en estos presuntos hechos de corrupción”, señaló el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture.

El funcionario agregó que las irregularidades encontradas en el proceso de expedición de guías sanitarias de movilización “favorecen la presentación de situaciones asociadas al contrabando y abigeato de animales y van en contravía de las normas técnicas para el control a la movilización y sanidad animal”.

El Instituto encontró que se han venido adulterando documentos como el Registro Único de Vacunación, las consignaciones y los soportes de pruebas diagnósticas, entre otros.

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De acuerdo con el gerente general, la Oficina de Control Disciplinario del ICA ha recibido entre el 2016 y el 2017 cerca de 22 quejas por irregularidades en los puestos de control y en la expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales.

“No nos temblará la mano para denunciar a los funcionarios y contratistas que comentan actos de corrupción y pongan en riesgo el trabajo honesto, serio y responsable de la gran mayoría de servidores que luchan por mantener el estatus sanitario del país”, indicó Martínez.

Ante las investigaciones adelantadas por el ICA, varios de los funcionarios y contratistas implicados en estos presuntos actos de corrupción fueron rotados de sus puestos de trabajo y a los contratistas no se les renovó su vinculación por prestación de servicios.

Estos manejos inadecuados han permitido identificar más de 2500 predios, desde los cuales se podría estar ingresando ganado de contrabando desde Venezuela.