El plazo para finalizar la entrega de armas por parte de las Farc a las Naciones Unidas terminaba el miércoles y si bien el Gobierno decidió ampliar esta fecha 20 días más, así como la vigencia de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, otros dos meses, las complejidades que supone este nuevo cronograma son muchas.

De acuerdo con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), después del primero de agosto, los sitios en los que hoy está concentrada la guerrilla se convertirán en los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. 

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Esto implica que en los próximos dos meses se deberá terminar de construir las zonas, cuya adecuación se ha ido postergando  en la mayoría de regiones, y disponer de los espacios necesarios para que los exguerrilleros empiecen su resocialización.

Este proceso podría generar una nueva controversia, pues para el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, estas zonas no pueden convertirse en repúblicas independientes y por eso es necesario que después de estos dos meses las autoridades vuelvan a tener el control en estos sitios.

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Un planteamiento similar hizo la senadora Paloma Valencia, quien recordó que desde las filas del uribismo se ha advertido que esos territorios van a ser usados por las Farc para mantener su poder regional, “es decir, delinquiendo como en repúblicas sin control”.

Otra de las complejidades es que la ONU pueda cumplir con sus cometidos, como parte del acompañamiento que está haciendo, para lo cual es fundamental que las Farc ayuden en la labor del organismo,  a fin de hacer posible la verificación y  la recolección de las armas, que es el punto central de discusión en este momento.

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Pero, además, desde el Gobierno es necesario agilizar los procesos de amnistía y tener listo todo el andamiaje que implica la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual se someterán los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad.