Menos de 48 horas tendría el gobierno para decidir ampliar los plazos planteados en el cronograma del día D+180, momento en que se estaría cumpliendo entre otros asuntos la entrega de todas las armas de las Farc a la ONU.

La Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del acuerdo de paz (CSIVI) se viene reuniendo de manera permanente en la sede del Ministerio del Interior, y precisamente este martes sesionará al parecer todo el día para continuar con el seguimiento de los asuntos pendientes.

Durante la celebración del aniversario 53, este fin de semana, las Farc insistieron en la necesidad de recalenderizar los plazos estipulados, y manifestaron que de parte de esa organización mantienen la decisión de no volver a las armas y hacer política sin las mismas.

En la rueda de prensa los jefes guerrilleros reiteraron que el 31 de mayo no puede terminar la dejación de armas, “pero sí hay una voluntad clara. Nadie puede dudar de la voluntad de las FARC para terminar esa dejación de armas”.

Pero no sólo el problema que está vigente es que la ONU recoja el armamento en las caletas y las saque de las zonas, sino que también se deberá cumplir con la seguridad jurídica (terminar las amnistías a sus militantes, en especial los guerrilleros rasos”, la seguridad social y la seguridad personal.

En la seguridad jurídica que reclama las Farc también está la Jurisdicción Especial y la Amnistía porque es la Corte Constitucional la que tiene que definir si son constitucionales y puede seguir adelante con su aplicación.

En el más reciente informe de la Misión de la ONU, inicio de mayo, especificó que ya se habían recibido mil armas por parte de las Farc; también se había terminado con todo el registro de las armas en las zonas veredales, pero faltaban containers.