La decisión de la Corte Constitucional de limitar los alcances del llamado ‘fast track’, para el trámite de las iniciativas que implementan el acuerdo de paz, ha generado todo tipo de interpretaciones sobre el futuro del pacto que fue posible con las Farc.

Uno de los primeros en reaccionar, con preocupación, a lo dicho por el alto tribunal fue el exjefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle Lombana, quien durante cinco años le puso el pecho a la negociación y junto con su equipo hizo posible el histórico acuerdo.

Para De la Calle, en este caso existe un error de óptica de la Corte Constitucional, pues hay muchos temas en los que no hay discusión sobre la separación de poderes.

Cree que el texto que se acordó en La Habana se está convirtiendo en una “entelequia jurídica llena de problemas técnicos y recónditos”. En ese sentido, recordó que el procedimiento legislativo especial no se diseñó para instaurar una dictadura, “como se ha dicho”, sino para garantizar rapidez y que lo que se vote obedezca, genuinamente, a lo acordado.

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Sobre lo que podría ocurrir en el Congreso con los proyectos que están pendientes, el panorama actual de las bandas criminales y los diálogos con el Eln, habló el exjefe negociador.

¿Qué impacto real cree que pueda tener en la implementación lo dicho por la Corte sobre el ‘fast track’?

Me parece que hay un gran error de óptica de la Corte. Debo decirlo con franqueza, so pretexto de la sustitución de la Constitución, que no nos pase que su guardián termine apropiándose de ella y eso sería una deformación del Estado de Derecho. Ahora, lo que ha ocurrido, yo no digo que sea una hecatombe, no queremos caer tampoco en el melodrama porque el Congreso seguirá votando y la coalición va a funcionar, pero hay que hacer una advertencia porque a este paso si empiezan a erosionarse cada uno de los puntos, podemos generar riesgos enormes para la estabilidad de lo firmado. 

No se nos puede olvidar que muchos acuerdos en el mundo se han caído después de logrados por la incapacidad del Estado de cumplir rápidamente.

¿Cómo cree usted que la Corte debe leer el acuerdo de paz?

La Corte debe ejercer su tarea, nadie ha dicho que no; eso no está en duda. También he reiterado que el fallo hay que acatarlo. Esto es institucional, pero en democracia uno puede discutir las razones de un fallo. 

¿Qué piensa del desarrollo que ha tenido el proceso de implementación?

Creo que haber terminado el conflicto con las Farc me parece que es una especie de milagro. Lo otro es, insisto, que la discusión no debe ser tanto el acuerdo si no las posibilidades que este brinda de transformaciones futuras en el país. Por ejemplo, el punto uno sobre Reforma Rural es una asignatura pendiente de los colombianos, la concentración de la tierra es una evidencia, el mal uso de la tierra también lo es. Quizás no hemos logrado que los colombianos vean ese cambio de actitud frente al punto agrario.  

Respeto las críticas, sé que hay decisiones enormemente duras en el terreno moral; todo lo que tiene que ver con la justicia ofende a muchos colombianos. Pero hay que doblar la página, cerrar el conflicto y entrar en un proceso de reconciliación.

¿Le preocupa el panorama en medio del cual se está aterrizando el acuerdo?

Sin drama, sin misterio, le digo que yo sí veo nubarrones en el proceso de implementación del acuerdo, en lo jurídico y en lo material. Tengo preocupaciones. Para mí esa es una evidencia. Algunos ahora tratan de minimizar eso, pero no es bueno esconder la cabeza como el avestruz.

Ante esa evidencia lo que hay que hacer es conjugar una enorme coalición que no se limite a los partidos en el Congreso, sino que tiene que nutrirse de otras fuentes. El primer deber del Congreso es solidificar su mayoría para preservar en las votaciones las decisiones que contribuyan a aplicar el acuerdo, eso es obvio, pero a futuro no es suficiente, hay que enviar un mensaje más sólido que congregue. Hay que proteger una paz que apenas nace.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado con revelar ciertos aspectos del proceso de paz, ¿qué es lo que podría contar?

Nada, realmente. No sé si esto sea solo propagandístico porque si tiene algo que decir, que lo diga. Hoy lo que estoy viendo en Venezuela es un deterioro de la democracia y una situación insostenible en medio de una violación masiva de los derechos de los venezolanos.

¿Tiene información de si las Farc guardan armas en Venezuela?

No. Ninguna. Quiero decir esto: la información que tiene el Estado sobre las Farc es bastante completa. Que yo tenga sospechas o indicios de que hay armas en Venezuela, no. Quienes han sostenido esa tesis sí nos deberían entregar pruebas.

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Bandas criminales

¿Es cierto que el acuerdo de paz con las Farc abre una ventana para que haya alguna posibilidad de sometimiento de las bandas criminales?

En el acuerdo no hay ninguna ventana distinta al sometimiento a la justicia. La aspiración de algunas de estas bandas de vestirse de movimiento político para obtener ventajas a mí me parece que es inaceptable e inadecuada. Su categorización nada tiene que ver con la acción de medio siglo de una guerrilla en armas.

¿Usted cree que estas bandas criminales sí se están quedando con los espacios dejados por las Farc?

Hay informes de intento de hacer presencia en algunas zonas abandonas por las Farc. Hay una reciente valoración de esto muy cuidadosa por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA donde, en efecto, dice que este es un tema que no se puede simplificar, que actúa de manera distinta según los sitios del territorio, pero la evidencia es que sí hay un interés de capturar corredores de narcotráfico y de hacer presencia en determinadas zonas. La respuesta a esto le corresponde al Gobierno y tiene que ser eficaz y dura. 

¿Puede ser posible que con los más recientes ataques a la Policía, estos grupos le estén enviando un mensaje al Gobierno, de querer negociar?

Puede ser. Quiero insistir en que no debemos olvidar los detalles. Una cosa es un acuerdo con una organización armada que durante más medio siglo tuvo posiciones de tipo político y otra cosa son las bandas que actúan sin ningún interés político, así traten de pintar su acción con ese ropaje. Una tarea de sometimiento sí es viable. La Fiscalía General tiene instrumentos legales que permitirían buscar una salida en términos de acatamiento a la justicia, pero no a través de una negociación.