El fin de semana y como si se tratara de una maratón, el presidente Juan Manuel Santos le dio vía libre a 20 decretos con fuerza de ley que contribuirán a darle un impulso al acuerdo de paz, ahora que el panorama se podría complicar en el Congreso, con las modificaciones al ‘fast track’.

La lista de disposiciones que firmó el jefe de Estado, en uso de las facultades especiales que ya se le vencieron, suman en total 34 desde diciembre de 2016, pero varias de ellas ya han sido tumbadas por la Corte Constitucional, encargada de revisar su legalidad. 

A continuación explicamos los decretos más importantes que le dan vida al pacto de La Habana.

Instituciones

• Decreto 691 de 2017: Sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, por el Fondo Colombia en Paz. Su objetivo es convertirse en  el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las  acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Este Fondo  también tiene como función, articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes.
• Decreto 885 de 2017: Crea el Consejo Nacional de Paz,  Reconciliación y Convivencia, con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del  Gobierno Nacional. Su misión será propender por el logro y mantenimiento de la paz, generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente.
• Decreto 888 de 2017: Crea la Unidad Delegada para el Posconflicto,  adscrita al despacho del contralor General de la República y cuya misión será liderar, coordinar y hacer seguimiento a toda la acción del ente de control fiscal, en relación con la implementación del acuerdo de paz. Esto es, vigilar los recursos públicos destinados para la puesta en marcha de los acuerdos, la institucionalidad creada para cumplir los compromisos asumidos por el Estado, así como las políticas públicas diseñadas con el mismo fin.

Desarrollo territorial

• Decreto 248 de 2017: Define el uso de los saldos del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, en liquidación, para la implementación del Acuerdo Final. En ese sentido, se establece que los dineros que resulten del giro de las asignaciones para los proyectos de inversión previamente aprobados, se utilizarán para financiar proyectos que hagan parte de la implementación de lo que se pactó en La Habana, en las regiones.
• Decreto 882 de 2017: Adopta normas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado. 
• Decreto 883 de 2017: Modifica apartes de la Reforma Tributaria  para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos. Lo anterior, como una forma de lograr que dichas empresas ayuden a financiar directamente la ejecución de proyectos viabilizados, prioritarios y de gran trascendencia social en los municipios ubicados en las zonas de conflicto, en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, infraestructura vial, entre otros propósitos. 
• Decreto 884 de 2017: Regula la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural, especialmente en las áreas más afectadas por el conflicto, el cual deberá propender por: la ampliación de la cobertura eléctrica, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, la asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para hacer posible  el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras y la capacitación en el uso adecuado de la energía. Dicho plan se deberá elaborar y adoptar cada dos años.
• Decreto 902 de 2017: Establece medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. Define quiénes son los sujetos de acceso a la tierra y la formalización, crea el registro de ordenamiento, así como el Fondo de Tierras; precisa las formas de acceso, la formalización de la propiedad privada y seguridad jurídica, además de la implementación del ordenamiento social de la propiedad rural.
• Decreto 892 de 2017: Crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Con ese propósito, se establece un plazo de 32 meses, desde la entrada en vigencia del decreto, para obtener dicho reconocimiento.
• Decreto 893 de 2017: Crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI), al igual que las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los 170 municipios priorizados por el Gobierno.
• Decreto 894 de 2017: Establece normas en materia de empleo público, con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final. Así, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, diseñará y ejecutará anualmente programas de formación y capacitación dirigidos a fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y destrezas que requieran los servidores públicos de los municipios en los cuales se pondrán en marcha los planes y programas para la implementación del acuerdo de paz, dando prelación a las zonas priorizadas por el Gobierno.
• Decreto 890 de 2017: Traza la hoja de ruta a seguir para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, el cual será diseñado por el Ministerio de Agricultura, en un término de máximo 30 días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto.
• Decreto 896 de 2017: Crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esta iniciativa tiene por objeto promover la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, a través del desarrollo de programas y proyectos que permitan contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven las familias campesinas que derivan su subsistencia de este tipo de economías ilegales.

Justicia Especial

• Decreto 277 de 2017: Regula la ‘amnistía de iure’ concedida en el marco del proceso de paz a las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos con estos, así como las libertades condicionales. En este decreto se determina quiénes podrán ser los acreedores de estos beneficios, el ámbito de aplicación, las actas de compromiso que se deben suscribir, así como el procedimiento que se debe aplicar para quienes están privados de la libertad, con procesos en curso y ya condenados. De la misma forma, se regula el régimen de libertades en aplicación de la ‘amnistía de iure’ y de la libertad condicionada.
• Decreto 700 de 2017: Establece la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en los casos en que se registre una prolongación indebida de la privación de la libertad derivada de la no aplicación oportuna de la Ley de Amnistía y el decreto que regula la ‘amnistía de iure’.
• Decreto 706 de 2017: Define un tratamiento especial para los miembros de la Fuerza Pública procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, y a quienes se les haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esto, en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Regula la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento o suspensión de las órdenes de captura, así como las actuaciones procesales en la Justicia Especial para la Paz.
• Decreto 775 de 2017: Faculta al Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, financiado por el Fondo de Defensa Técnica Especializada (Fondetec), para prestar el servicio de defensa técnica a los miembros activos o retirados de la Fuerza Pública ante el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición, por conductas penales o disciplinarias que hayan tenido lugar por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

Reparación a víctimas

• Decreto 588 de 2017: Organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a un régimen legal propio, por un período de tres años de duración. Su principal función es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del mismo.
• Decreto 589 de 2017: Organiza la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, con el propósito de contribuir a satisfacer los derechos de las  víctimas a la verdad y a la reparación. Su vigencia será de 20 años y se convertirá en una entidad del sector justicia de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en materia de administración de personal.
• Decreto 903 de 2017: Dicta las disposiciones para la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc. Crea un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no inventariados, lo cual servirá para la reparación a las víctimas.

Seguridad

• Decreto 154 de 2017: Crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad  que estará encargada del diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la  construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
• Decreto 898 de 2017: Crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
• Decreto 900 de 2017: Establece que una vez terminadas las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización, se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de esta guerrilla que hayan estado concentrados, que no estén allí, que necesiten movilizarse por el país, pero que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el alto comisionado para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
• Decreto 895 de 2017: Crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política,  que tiene como fin contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución.

Reincorporación

• Decreto 671 de 2017: Modifica la Ley de Víctimas, en lo relacionado con la certificación de desvinculación de los menores del conflicto, en el marco de un acuerdo de paz. En ese sentido, se establece que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento tendrán derecho a la reparación integral. La restitución de sus derechos estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una vez cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración y a otros programas que se acuerden por parte del Gobierno.
• Decreto 899 de 2017: Define y establece  los criterios, medidas e instrumentos del Programa de Reincorporación Económica y Social, Colectiva e Individual de los integrantes de las Farc a la vida civil. Autoriza, además, a los delegados que designen los representantes de la guerrilla  para adelantar las gestiones encaminadas a la constitución de una organización especial de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común (Ecomún), con cobertura nacional y con seccionales territoriales.
• Decreto 897 de 2017: Modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la cual pasará a llamarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Su tarea será gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de reincorporación y normalización de los integrantes de las Farc, conforme al acuerdo suscrito en La Habana. Este decreto crea, igualmente, el Programa de Reincorporación Económica y Social para los integrantes de las Farc, así como la Unidad Técnica para la Reincorporación y Normalización de las Farc.