La diferencia de 116 personas muertas en hechos violentos ya ni siquiera genera sorpresa, según afirman líderes sociales, preocupados “por la falta de respuesta efectiva de las autoridades”.

“Ese incremento se veía venir”, dijo Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos. “El empoderamiento de las estructuras armadas; su enfrentamiento a sangre y fuego, y el incremento de las acciones de guerra del frente nororiental del Eln, así como del Epl advertían este terrible panorama”, que se suma al cultivo masivo de coca, catalogado como detonante de la violencia, y del que ni siquiera se salvan los pueblos indígenas.

De acuerdo con Pertuz, las posibles causas de esta situación son el desconocimiento del territorio, y el nulo análisis de la violencia y sus dinámicas.

“Esto se resolvería con estrategias de todas las instituciones, no solo la Policía y el Ejército; la voluntad política para pedir ayuda al Gobierno Nacional, la captura y la judicialización efectiva”, dijo, a la vez que señaló que hay pocas políticas de prevención y “las que existen son puramente mediáticas”.

En este sentido, criticó que las autoridades den “como gran noticia la captura de prostitutas, o de ladronzuelos venezolanos de poca monta, pero los golpes y combate a estructuras más fuertes de criminalidad no se ven”.

“Creen que con la bomba de Atalaya basta con anunciar una recompensa y pedir información de la comunidad, pero no hay seguimiento”, agregó. “Insistimos en que los consejos de seguridad deben dejar de ser actividades de ‘yo con yo’. La comunidad necesita resultados contundentes”.

Contradicciones

En uno de los más recientes informes de la Red, se señala la modalidad de sicariato entre las mayores causas de muertes violentas, con 195 casos en el área metropolitana, pese a que hay restricciones en el tránsito de parrillero hombre.

Al respecto, Pertuz afirma que la millonaria inversión en cámaras de seguridad y programas de convivencia no surten efecto, y ahora hay más interés en las infracciones viales.

Aunque el líder sostiene que el respeto a las normas de tránsito es fundamental para salvar vidas, no se explica por qué no existe la misma celeridad y disposición para atacar las conductas delictivas.

“Esa es una gran contradicción que, sin querer, permite que se pierda el respeto a las autoridades”, aseveró. “El departamento no tiene capitán; el desinterés es evidente, mientras uno observa que en otras regiones los gobernadores marcan la diferencia”.

La respuesta

Yebrail Haddad, secretario de Gobierno del departamento, reconoció el incremento de los homicidios y afirmó que “cualquier muerte, así sea una sola, nos preocupa, y las medidas policivas no son la única solución”, dijo. “También es necesario que la impunidad ceda”.

Para el funcionario, en la medida que el sistema penal cumpla su fin, sea ejemplarizante, resocializador y preventivo, y que se rechace socialmente cualquier acto criminal habría mejores condiciones.

Aseguró que se trabaja en cada investigación y que “aunque es difícil tener policías en todos los sectores, nuestra meta es tener más presencia de los uniformados en la frontera, en las trochas, en los caminos por los que transita la delincuencia y en cada sector que se requiera”.

Adicionalmente, dijo que la política de recompensas y la inclusión de la comunidad, que tiene el deber de denunciar, también se están trabajando.

“Infortunadamente, hay un círculo vicioso de desconfianza en la institucionalidad que debemos romper”, agregó. “Lo tratamos hacer con las recompensas y los consejos comunitarios, en los que la gente puede denunciar”.

Finalmente, hizo un llamado para que se solucionen pacíficamente los conflictos, debido a que hay una confrontación constante entre familias, vecinos y habitantes en general y espera que todos los municipios sigan el ejemplo de Herrán, que cumple 10 años sin homicidios.

Sin embargo, los veedores de derechos humanos no están tan convencidos de que esto vaya a ocurrir, y temen que esta crisis se intensifique “con la llegada de la paz, la exacerbación de la actividad del Eln y el Epl, así como la de los grupos reciclados del paramilitarismo”.