El pasado 15 de septiembre, el asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancurt, estremeció a esta población del Catatumbo. Este hecho fue la ‘gota que rebosó la copa’ y que llevó a que durante varios días, distintas organizaciones, incluidas la iglesia católica en cabeza del obispo Omar Alberto Sánchez, protestaran por la poca acción de las autoridades civiles, militares y policiales para frenar la ola de homicidios que azota a esta población. Sin embargo, a pesar de esto, las muertes violentas no han cesado.

Y es que en Tibú, no solo en el casco urbano, sino también en la zona rural, se vive un ambiente sombrío. En este municipio pareciera que no hay ni Dios ni ley y quienes imponen sus reglas son los grupos armados ilegales.

Así lo demuestra el alto índice de asesinatos que se ha registrado este año. Hasta el cierre de esta edición, en esa localidad iban 76 homicidios, 21 más que en el mismo periodo de 2018, lo que indicaría que cada 3 días se está presentando un crimen.

Tibú, a pesar de ser un municipio pequeño, con 51.399 habitantes, es el segundo de Norte de Santander donde más se están cometiendo asesinatos, luego de Cúcuta, que lleva a la fecha 157 crímenes. 

Al analizar las estadísticas nacionales de homicidios emitidas por Medicina Legal, hasta el 31 de agosto esta población del Catatumbo ocupaba el puesto 11, junto con Montería, entre las ciudades más violentas de Colombia; en esa fecha se contaban 63 asesinatos.

Uno de los factores que más agrava esta situación, es el alto nivel de impunidad; según las autoridades judiciales, el hecho de que estas muertes violentas se den en la zona rural, dificulta las investigaciones.

El coronel Fabián Ospina, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que el 80 por ciento de los crímenes en esta población tiene que ver con ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales por temas de narcotráfico. 

No obstante, en Tibú las disputas entre grupos ilegales por el control de los cultivos ilícitos no son nuevas, por eso, algunos líderes de la zona tienen una hipótesis que podría estar incidiendo en el incremento de los homicidios: “la llegada de nuevas estructura armadas, como la disidencia del frente 33 de las Farc, o de grupos delincuenciales y de narcotraficantes auspiciados por carteles mexicanos, aunado a que la Policía y el Ejército está queriéndole llegar cada vez más a la población para que se vuelva sus informante”, sostuvo un líder social de la zona. 

El recrudecimiento de la disputa por el control de los cultivos de coca tiene sentido si se tiene en cuenta que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Tibú ya es el primer municipio cultivador de coca y productor de clorhidrato de cocaína en Colombia, por encima incluso de Tumaco. (Ver recuadro)

Un líder social del municipio que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias, indicó que el Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc son muy fuertes y ellos imponen sus leyes, “por eso no es raro ver que se desaparezcan tres, cuatro o cinco personas y a los días solo regrese uno o dos; los otros ya se sabe que los mataron; lo peor es que solo algunos cuerpos aparecen, del resto nadie sabe qué paso con ellos y ni las familias pueden preguntar por ellos, se deben resignar a perderlos”.

Agregó: “esa gente anda tranquilamente por el casco urbano o por la zona rural, van en motos y a veces armados, pasan por el frente de la Policía y el Ejército, nadie los para. Ellos hacen lo que quieren acá, bajo la mirada cómplice de las autoridades”.

Se conoció que en algunas oportunidades, emisarios de los grupos armados llegan hasta las viviendas y les dan la orden a las personas de irse, para no matarlas. “Algunos les hacen caso, otros, después de varias visitas, aparecen muertos por Barrio Largo, La Esperanza o en alguna vereda cercana”.

El alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, señaló que pese a los constantes consejos de seguridad, la situación de orden público en el municipio se sigue agravando. 

“Esos asesinatos que hoy atemorizan a la población deben ser frenados por la Policía y el Ejército. Pero esto no solo se soluciona con más hombres, acá el Gobierno Nacional debe pensar en brindar más oportunidades de empleo. Acá no tenemos industrias, a pesar de que esta es una tierra muy buena para cultivar, los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito no son suficientes, hay que buscar más estrategias”, sostuvo el mandatario local.
 
La situación de los migrantes

Otro de los temas que preocupa a las autoridades tiene que ver con la creciente cifra de venezolanos asesinados. En lo corrido de este año, 30 personas nacidas en el vecino país han sido asesinadas, 20 más que el año pasado. “Esto nos indica que los migrantes se están metiendo en cosas ilícitas y por eso terminan siendo víctimas”, sostuvo el coronel Ospina.

Y añadió: “lo que hemos podido saber es que algunos venezolanos cuando pasan la frontera, especialmente en el Catatumbo, son contratados como raspachines o llevados a los laboratorios para que trabajen en la producción de pasta base o clorhidrato de cocaína. Sin embargo, parece que después terminan robándose la droga, el dinero o cualquier cosa, y por eso los matan”. 

La Policía aseguró que uno de esos casos fue el ocurrido el 14 de julio en el corregimiento Campo Dos, donde hubo dos personas muertas y otras dos heridas. 

“Lo que sabemos es que ellos estaban trabajando en un laboratorio y se habrían robado una droga y un dinero, luego salieron huyendo y llegaron a Campo Dos a esperar que alguien los recogiera, pero antes de que eso pasara, los mataron”, sostuvo el coronel Ospina.

Desde hace más de un año los grupos armados ilegales, especialmente la disidencia de las Farc, inició el mal llamado ‘plan de limpieza social’. Muchos venezolanos fueron asesinados porque los señalaban de ser expendedores de drogas o ladrones; a muchos, incluso, les dejaron papeles con mensajes donde justificaban sus muertes.

Y eso ha continuado; este año varias víctimas han aparecido con mensajes que dicen ‘por ladrón’, ‘por sapo’ o ‘por violador’, lo que es una clara muestra de la necesidad que tienen los grupos ilegales de amedrantar a la población a través de estas acciones violentas.
 
Los sitios donde se cometen más homicdios

En dos sectores de esta población es donde se ha cometido la mayor cantidad de asesinatos. Se trata de Barrio Largo y La Esperanza, además de las veredas El Serpentino, Matecoco, Bertrania o Campo Seis, y los corregimientos La Gabarra y Campo Dos.

Según la Policía, estos lugares son usados por estos grupos ilegales porque es donde residen las milicias o los familiares de sus integrantes; también, por lo distante del casco urbano.

A esas muertes se suman los constantes atentados con explosivos, que también han dejado víctimas fatales, como el registrado el 14 de mayo contra una comisión judicial que regresaba de resolver un lío jurídico por unos terrenos, y en el que fallecieron dos funcionarios de un juzgado.

Además, cabe resaltar que los grupos armados ilegales se dieron a la tarea de acabar con las pocas cámaras de seguridad que hay en el casco urbano de Tibú, usando carros a control remoto cargados con explosivos. Esta nueva modalidad, según las autoridades, la está llevando a cabo la disidencia de las Farc.
 
Señalados de trabajar con las autoridades

Algo que llama la atención es que muchos de los homicidios registrados tienen un común denominador: aunque las autoridades no lo reconocen, se han registrado por tener vínculos con la Fuerza Pública.

Una fuente extraoficial sostuvo que varios de los mototaxistas han sido asesinados porque son señalados de ser informantes. A algunos de ellos les han dejado pedazos de papel o cartón donde dicen que los mataron ‘por sapos’.

El modo de operar  en estos casos es que el homicida o el cómplice se sube a la moto y le dice al conductor que lo lleve a sitios apartados como Barrio Largo, La Esperanza o Guachimán, donde les propinan varios disparos y dejan tiradas a las víctimas. 

Tibú, el rey de los cultivos ilícitos

El reciente estudio que entregó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señaló que el 17 % de los municipios de Colombia registraron presencia de cultivos de coca.

“De los cuales, los diez primeros son: Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, Sardinata, El Charco, El Tarra, Orito, Tarazá y Barbacoas. Ellos sumaron el 44 % del total de cultivos de coca del país en 2018.

Llama la atención que tres municipios de Norte de Santander estén este top y las autoridades muestren poco interés por revertir esta realidad.

Se puede recrudecer aún más

Todo indica que no hay señales de que esta problemática se detenga, pues La Opinión conoció que dentro de la disidencia de las Farc hay una división que aumentaría aún más los asesinatos.

Fuentes judiciales afirmaron que dentro de este grupo armado ilegal se formaron dos estructuras con diferentes líneas de mando.

“Por lo menos se puede decir claramente que en el Catatumbo los tres grupos de disidencia de las Farc están divididos en los que le siguen órdenes a Jhon Barbas, Jhon, Jhon Milicias o Jhon Catatumbo y los que responden a las órdenes de Villa”, manifestó la fuente.

De Jhon Barbas se sabe que se llama Jhon Velazco y fue comandante de las milicias Resistencia Catatumbo del frente 33, antes de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Él, según las autoridades, se encontraría en el territorio venezolano que colinda con Tibú. Desde allá ha organizado varios ataques a la Fuerza Pública y asesinatos por ajustes de cuentas, además de manejar el negocio del narcotráfico.

Sobre Villa se sabe que comandó la columna móvil Antonia Santos y su nombre sería Jorge Villa Vázquez; se encontraría en la parte alta del corregimiento La Gabarra. Las autoridades conocieron que el reciente homicidio de un desmovilizado en esta población se dio precisamente porque fue enviado a dialogar con Jhon Barbas y este se rehusó a recibirlo. Esa es la principal hipótesis que tienen las agencias de inteligencia del Estado.