Para el próximo 9 de julio, a las 2:30 de la tarde, ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito fueron citadas a audiencia  las cinco personas investigadas por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cúcuta.

Presentado el escrito de acusación, resta a la Fiscalía hacer algunas aclaraciones a la defensa de los implicados sobre el material probatorio que hará valer en el juicio y procederá a formular la acusación, en una audiencia previa al inicio del juicio oral y público.  

Los implicados fueron privados de la libertad luego de que la Fiscalía los requiriera por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por un monto de 3.640 millones de pesos.

Lea además Telésforo Blanco, investigado por el caso PAE, recobró la libertad

Se trata de dos funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta y tres de la Unión Temporal Dadles Vosotros de Comer, cuyos abogados han defendido el tipo de contratación que hicieron y han argumentado que los sobrecostos expuestos correspondieron a la mejora del servicio.

Los procesados son Telésforo Blanco, exsecretario de Hacienda del municipio y exsecretario de Bienestar Social, y a la asesora jurídica Lola Carvajal.

También, Martha Mendoza Camargo, Andrés Manuel Silva, y el sacerdote católico Víctor Manuel Lazzo, empleados y representante legal de la firma contratista, respectivamente.

Apoyo 

Durante la audiencia de imputación de cargos, los familiares de los detenidos y algunos funcionarios públicos que fueron a acompañar la diligencia se mostraban tranquilos, pues aseguraban la inocencia. 

Le puede interesar Así fue la audiencia a los implicados en irregularidades del PAE

Estas personas, que enfrentan el proceso en detención domiciliara y otras en libertad, fueron  llevadas ante la justicia por la celebración del contrato del PAE, que la Alcaldía, a través de Bienestar Social, otorgó a la unión temporal, una alianza entre la Pastoral Social de la Diócesis católica de Cúcuta y la Corporación Paz y Futuro.

Entre las irregularidades que se pusieron de manifiesto figuran el tipo de contratación, a través de la modalidad de contracción directa, así como el aumento injustificado del valor del contrato, que benefició a los mismos 58 mil estudiantes de años anteriores.