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Jueves, 31 Agosto 2017 - 5:10am

‘Sorprende rapidez en caso PAE’: Veeduría

Cinco personas están detenidas por irregularidades en el contrato del Plan de Alimentación Escolar.

Alfredo Estévez
El secretario de Hacienda del municipio, Telésforo Blanco, y el sacerdote católico Víctor Lazzo se dirigen la audiencia.
/ Foto: Alfredo Estévez
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Sorprendidos por la eficacia de la Justicia en el proceso por irregularidades en el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cúcuta se mostraron allegados a las veedurías que denunciaron el caso ante las autoridades.

Aseguraron que no creyeron que las pruebas que enviaban como muestra de las cosas que no se hacían bien, finalmente fueran tenidas en cuenta por los investigadores para un proceso penal como el que actualmente cursa.

Lea también: Necesitamos oración para aclarar esta situación: monseñor Ochoa

A ese proceso están enfrentados Telésforo Blanco, exsecretario de Bienestar Social y actual secretario de Hacienda, y Lola Carvajal, asesora jurídica de la Alcaldía, así como el sacerdote católico Víctor Lazzo, gerente de la Unión Temporal Dadles vosotros de comer, empresa contratista del PAE, y los empleados Martha Mendoza y Andrés Silva.

Andrés Silva, otro de los implicados por la ejecución del contrato del PAE en Cúcuta durnate el 2016.

Ni platos había

Irregularidades como las encontradas en uno de los comedores de la comuna 7, donde los mismos estudiantes tenían que llevar los platos donde recibían los alimentos, fueron parte de las pruebas envidas por los veedores para demostrar vel mal manejo del programa, así como el incremento del costo del contrato. Cada prueba  fue expuesta ante los entes de control durante un año. 

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Precisamente, estas veedurías fueron las que en marzo de 2016, cuando se conoció la modalidad de contratación para el PAE, le pidieron al gobierno Nacional suspender el contrato, porque argumentaban celebración indebida y señalaban una relación como copropietarios que tenían el alcalde, César Rojas, y el representante legal de la Corporación Paz y Futuro, miembro de la unión temporal.

Martha Silva (izq), de la Unión Temporal, y la asesora jurídica de la Alcaldía, Lola Carvajal (der), también deben responder.

El otro socio es la Pastoral Social de la Diócesis católica de Cúcuta.

También, los veedores cuestionaron que la contratación se hubiera hecho a través de la modalidad de contratación directa y que los costos se hayan aumentado de 13 mil a 19 mil millones de pesos, sin justificación alguna.

Silencio inicial

Sin embargo, según se conoció, los veedores no tuvieron respuesta en ese momento de las solicitudes que hicieron, pero hace dos meses, la Contraloría General de la Nación, les notificó que existía un proceso legal en curso, con base en sus denuncias.

Lea además: Alcaldía de Cúcuta se pronuncia sobre la captura de funcionarios por PAE

Los detenidos, que desde el martes intervienen en una audiencia de formulación de cargos que anoche a las 7 fue suspendida hasta hoy, jueves, son procesados por celebración irregular de contrato y peculado por apropiación en cuantía de 3.463 millones de pesos.

Las fuentes cercanas a las veedurías manifestaron que el propósito de éstas no ha sido el de entorpecer los programas que benefician a la comunidad, sino velar porque los recursos públicos se optimicen y los procesos se cumplan bajo los parámetros establecidos por la ley.

El obispo pidió rezar 

El obispo de la Diócesis católica de Cúcuta, monseñor Víctor Manuel Ochoa, dijo que “lamenta profundamente que el sacerdote Víctor Manuel Lazzo haya sido involucrado en una investigación judicial en la ejecución del plan de alimentación escolar 2016”.

Aseguró que las instituciones de pastoral de la diócesis se caracterizan por ser transparentes, ordenadas y honestas en el manejo de los recursos económicos, destinados a la ejecución de programas que buscan el desarrollo y la promoción de la niñez del departamento.

“En aras de la verdad, reiteramos nuestra firme disposición de seguir colaborando con las autoridades competentes en el curso normal de las investigaciones que permitan aclarar cualquier duda que atente contra el derecho a la alimentación escolar de los niños”, aseguró.

Manifestó que el sacerdote cuenta con un abogado que se encargará de su defensa y que el programa siempre contó con un apoyo jurídico que los asesoró durante el proceso.

Dijo que el contrato no se ha liquidado porque aún tienen obligaciones pendientes, pero manifestó que puede dar fe de que el servicio que se prestó fue el mejor para los niños beneficiados.

Sobre cómo afecta esta situación la imagen de la iglesia católica, Ochoa dijo que todos los fieles seguramente se ven afectados con la situación, pero que acompañan con la oración para que se solucionen y pasen esta dificultad

“Esta situación es un prueba, pero también es un signo de que estamos trabajando. Estoy seguro de que todos lo que beneficiado se sintieron bien atendidos”, manifestó.

La Opinión

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