Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, señaló que para esa instancia el caso del crimen del exintegrante de las Farc, Dimar Torres, es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria.

Tesis contraria a la que expuso en su momento la abogada del coronel Jorge Pérez, uno de los implicados en el asesinato y a quien la Fiscalía señala de crear un grupo de WhatsApp para planear el homicidio. 

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“El juez (penal militar) del caso hizo un análisis del rompimiento del nexo causal, ese fue el resultado. La Justicia Penal Militar ya dijo que era competencia de la justicia ordinaria”, señaló Ramírez, quien prepara para el próximo 14 de noviembre el acto de inauguración del nuevo Palacio de Justicia de la jurisdicción a su cargo. 

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un concepto al resolver la colisión de competencias interpuesta por la abogada de oficial durante la audiencia en la que se buscaba imputarle cargos por los hechos ocurridos el 22 de abril en Norte de Santander. 

La teoría de la defensa apuntaba a que la Justicia Penal Militar era la jurisdicción que debía conocer sobre “los presuntos delitos cometidos por la Fuerza Pública en servicio activo”. No obstante, se desestimó tal tesis ya que el hecho no fue considerado como acto del servicio. 

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El encargado de la JPM también dijo que en el caso del bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán que dejó ocho adolescentes muertos, según los reportes de la Fiscalía, llegó a esa instancia el 3 de octubre anterior y que se está a la espera de una documentación para emitir veredicto. 

“Por lo que informa el juez 124 penal militar que están esperando el desarrollo y los actos urgentes del CTI para dictaminar si el caso corresponde o no a la jurisdicción. Esperemos que el juez haga sus análisis”, indicó. 

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La JPM en la actualidad está en un proceso de transformación con el que se busca fortalecer el fuero penal militar de cara, de acuerdo a los planes trazados por Ramírez, a buscar que haya garantía de seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública y de Policía.