“Se resuelve precluir la investigación en contra de los procesados”, fue la decisión de un juzgado especializado de Cúcuta que libró de cargos a dos universitarios y al trabajador de una finca, vinculados al hallazgo de ocho barras de explosivo indugel.

La solicitud fue elevada por la misma Fiscalía, tras ocho meses de investigación, tiempo en el cual no halló elementos materiales probatorios que demostraran la responsabilidad de los tres hombres, tanto en la propiedad como en la tenencia o transporte del explosivo y por consiguiente se abstuvo de presentar el escrito de acusación.

Se trata de Edwin Alexis Fuentes de la Cruz, de 20 años, y Junior José Ortiz de la Cruz, de 18, ambos estudiantes de ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander, con estudios en mecánica y mantenimiento de motores en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Además de Luis Antonio Wilches Herrera, trabajador de la finca ubicada en una zona montañosa, distante tres horas desde Puerto Santander, sector conocido como Cerro Mono, donde fueron capturados por uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar) de la Policía Metropolitana.

Según relató la Fiscalía, ese día los uniformados patrullaban la zona en busca de laboratorios de droga y hallaron en la finca, donde estaban los estudiantes y el trabajador, un cambuche donde estaba guardado el explosivo, de alto poder destructivo, sin permiso para porte o tenencia.

Se trataba de una bolsa plástica con ocho barras de Indugel, con un peso de 1.900 gramos. En otros empaques, encontraron dos barras, una de las cuales contenía 179 gramos que sería pólvora negra.

Enseguida, los policías les leyeron los derechos del capturado y fueron presentados ante el Juzgado Octavo Penal Municipal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerza Armadas o explosivos.

Para entonces, el coronel Jaime Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, anticipó que estaban investigando “si estos explosivos iban a ser utilizados para atentar contra la Fuerza Pública, unidades policiales o militares”.

El proceso

La Fiscalía séptima especializada escuchó inicialmente los testimonios de Luis Cuesta Gómez, propietario de la finca, quien se la arrendó a Francisco José Ortiz, padre de Junior, quienes coincidieron en afirmar que en el terreno había una mina de carbón, en la que se habían abierto algunos túneles, y que los explosivos estaban abandonados desde tiempo atrás.

Francisco José agregó que su hijo, el amigo y el trabajador de la finca estaban arreglando el motor de una máquina de exploración de carbón y no manipulando o transportando explosivos.

Estas versiones las corroboró otro trabajador, quien aseguró haber visto dichas barras antes de que arrendaran la finca y que ninguno de los procesados las llevó. También, que no sabían de qué clase de explosivo se trataba y que nunca se usó.

Prueba reina

La Fiscalía relató que un técnico en explosivos verificó que las barras de explosivos aún eran aptas para explotar, pero fueron fabricadas años atrás, tanto así, que los seriales estaban borrados por el paso del tiempo.

Además, que este tipo de explosivos era usado en minería, obras civiles y fabricado por la industria militar.

Por lo tanto, el organismo investigador concluyó que el análisis del técnico coincidía con lo expresado por los declarantes.

Así las cosas, “la Fiscalía concluye que al no ser estos explosivos propiedad, ni llevados al lugar por los implicados, decide que no tuvieron participación en este punible. Por tanto, solicita precluir esta investigación.”, concluyó la el ente investigador.

Desde esta semana, los universitarios y el trabajador de la finca gozan de plena libertad.