Giovanny Joya Guerrero esperaba ser condenado este martes a 10 años de prisión, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, un juzgado especializado lo desaprobó y quedó en manos del Tribunal Superior de Cúcuta, tomar una decisión en segunda instancia.

Joya Guerrero fue detenido el 24 de febrero de 2015 por unidades de la Policía Antinarcóticos y el Ejército, en la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de Campo Dos, cuando se movilizaba en una camioneta Toyota Land Cruiser, vino tinto, en la que llevaba 15 pimpinas con supuesto combustible, haciéndose pasar como contrabandista de la zona.

Sin embargo, por información previa, las autoridades sabían que pasaría un cargamento con droga y al verificar cada una de las pimpinas hallaron que cuatro estaban cargadas con un material rocoso, que resultó ser 153 kilos de base de coca. Las demás pimpinas contenían gasolina y acpm.

Para entonces, el coronel George Quintero, comandante de la Policía Antinarcóticos, señaló que el alcaloide pretendía ser llevado a un laboratorio al otro lado de la frontera para procesarlo y convertirlo en cocaína pura.

“Los narcotraficantes pensaron que no nos íbamos a dar cuenta, pero ya teníamos la información porque alguien nos contó sobre ese movimiento”, sostuvo el oficial.

El coronel Álvaro Fernando Bocanegra, subcomandante de la Brigada 30 del Ejército, agregó que la droga pertenecería a una red de narcotraficantes que delinquiría con el frente Juan Fernando Porras Martínez, del Eln.

“La droga fue entregada por el Eln en El Tarra y pretendía ser llevada a un laboratorio para terminarla de procesar. Este es un golpe a las finanzas porque dejaron de recibir cerca de $750 millones”, sostuvo para la fecha el oficial.

Preacuerdo

Joya Guerrero fue presentado ante el Juzgado Octavo Penal Municipal, que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión, sin que se allanara a los cargos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado.

Sin embargo, el pasado 26 de marzo, la defensa del procesado llegó al preacuerdo con la Fiscalía que consistió en aceptar los cargos a cambio de eliminar el agravante del delito, lo que le representaba una considerable rebaja en la pena y una multa de 1.334 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Pero el juzgado especializado argumentó que por ser detenido en flagrancia (cometiendo el delito), Joya solo tenía derecho a un descuento del 12.5 por ciento. Razón por la cual lo improbó, siendo apelada su decisión por la Fiscalía y el abogado defensor.