Las repercusiones financieras, sociales, y de atención diferencial a la población que ingresa por la frontera fueron parte de un análisis efectuado por académicos, el Gobierno Nacional, Pnud, la OIM, la Cámara de Comercio de Bogotá y Usaid, en un reciente encuentro que dejó claros los desafíos para una política pública migratoria derivada de la situación de la frontera colombo-venezolana.

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Para el caso de la salud, por ejemplo, además de los riesgos epidemiológicos por el ingreso de enfermedades, alarma el costo que representarían los enfermos para el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que “el actual sistema de salud ostenta un déficit de 8 billones de pesos”, según señala un documento compilado por las organizaciones.

Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), ha dicho que a la atención primaria en salud que actualmente se brinda por cooperación internacional se debe sumar la atención de enfermedades de alto costo.

Vale decir que la deuda con la red pública del departamento asciende a 25 mil millones de pesos “y es creciente”, señaló el director, quien estima que la facturación del hospital Erasmo Meoz por 30 mil millones de pesos, y las IPS de primer nivel, de 4 mil a 5 mil millones de pesos.

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Educación

En este aspecto, se hizo notar que el 25 por ciento de los migrantes que ingresan al país tienen entre cero y 11 años de edad, es decir, están en edad escolar, razón por la que la educación debe ser prioritaria para el nuevo gobierno.

Sumado a ello, se indica que 48.164 niños entraron al país en el último año, pero menos de la mitad logró ingresar a las aulas de clase, situación que hace temer a las entidades el aumento del trabajo infantil, formas irregulares de generación de ingresos y la cercanía de los adolescentes con redes criminales, presentes en zonas como Norte de Santander.

Empleo

En este sentido, se reconoce que en ciudades como Cúcuta y Arauca los indicadores de desempleo van en aumento, y se estima que de seguir la tendencia la tasa nacional llegaría al 9.4 por ciento.

Además, se señala un deterioro en las dinámicas laborales del país que afectan el mercado laboral, por la reducción de salarios en algunos sectores, razón por la que se insta a dignificar las condiciones de trabajo de los migrantes, sin descuidar el reto pendiente con los nacionales.

Protección

Entre los grupos que se identifican como de especial protección están las mujeres, pues según datos recopilados por ONU Mujeres Colombia se estableció la ocurrencia de malos tratos desde la fuerza pública hacia algunas inmigrantes, teniendo en cuenta que algunas de ellas cruzan la frontera para ejercer la prostitución.

De otro lado están las mujeres embarazadas, lactantes y gestantes, algunas de ellas sin alimentos.

Tanto para ellas, como para los niños se prevé atención prioritaria, dadas las carencias nutricionales en Venezuela que generan riesgo para 280 mil niños que podrían morir por desnutrición, según Caritas Venezuela.