Más de medio centenar de personas permanecen desaparecidas en el estado Táchira según cifras no oficiales; sus familiares exigen a las autoridades se realicen pruebas de ADN comparativo a las osamentas halladas en las fosas comunes, para de esta manera tener certeza de la identidad de estas personas.

Al tiempo de anunciar que se están organizando como una Asociación de Familiares de Víctimas de Desaparición en la Frontera, advirtieron que gestionarán la participación de expertos de Colombia y Argentina, países que tienen una larga experiencia en labores de identificación de personas.

Ahora, además de los citados por el Cicpc como familiares de los desaparecidos en Ureña el pasado año y a quienes se les pidió aportar documentos y registros médicos que facilitaran la identificación de los restos; se han sumado allegados a otras víctimas de desapariciones más antiguas, que piden no ser excluidos de la investigación.

Una larga espera

“Lo que tengo en mis manos es la foto de mi mamá y mie hermano, quienes desaparecieron el día 3 de diciembre del año 2003 en el Páramo de Guarín del municipio Andrés Bello, a manos del grupo GAES de la Guardia Nacional y exigimos al Gobierno venezolano que practique la prueba de ADN a todos los cadáveres que se encontraron en estas fosas comunes, más en el caso nuestro que se trata de un grupo de seguridad del estado”, dijo Juan Pabón, familiar de Ana de Dios Pabón y José Anthony Pabón, desaparecidos hace casi 12 años junto a su amigo, Germán Chacón Vivas.

Carmen Luna, madre de Jesús Alberto Vera Luna, quien desapareció de forma misteriosa el 22 de diciembre del año 2008 a los 22 años de edad; dijo que aún espera verlo pasar el portal de la casa, pero en vista que ya han pasado cuatro años sin tener ninguna señal sobre su paradero, exige sean contrastadas con muestras de ADN las osamentas.

“Así al menos sabré que si el examen concuerda, esos huesitos que me entreguen para darle cristiana sepultura serán realmente los de mi hijo”, afirmó Luna.

Rechazaron que las instalaciones de la morgue del Hospital Central fueran militarizadas y no se les permitiera el acceso a los familiares de las víctimas. “Fuimos ruleteados y enviados primero a la morgue, luego al Cicpc, para que allí nos dijeran que ellos no tenían nada que ver y que todos los expertos estaban en la morgue, lo que consideramos como una burla por parte de los funcionarios”, denunciaron.

Apoyo parlamentario

Walter Márquez Rondón, diputado por la frontera en la Asamblea Nacional venezolana, ofreció apoyo parlamentario a los familiares de las víctimas, en lo relacionado a las gestiones internacionales para la identificación de los cuerpos hallados en Ureña, y de los cuales ya once familias han aportado datos y documentos para avanzar en estas labores.

“No es que ellos desconfíen de las autoridades venezolanas, sino que exigen una investigación exhaustiva de estos casos y la participación de expertos internacionales para validar los resultados”, apuntó el parlamentario.