La Fiscalía General entregará a sus familiares los restos óseos de siete de las 43 víctimas de una de las masacres más atroces perpetradas por los paramilitares en el noroeste del país en la década de 1990, se informó oficialmente.

La entrega de las primeras osamentas tendrá lugar en las próximas horas en una iglesia del corregimiento de Pueblo Bello (Cesar), unos 490 kilómetros al noroeste de Bogotá, donde hace 23 años un grupo de paramilitares secuestró y después asesinó a 43 campesinos por considerarlos colaboradores o simpatizantes de la guerrilla.

Tras la inhumación de tres cuerpos en Pueblo Bello, se hará lo mismo con otros dos en la localidad vecina de San Pedro de Urabá, dijo el comunicado. Los dos cuerpos restantes serán enterrados el 8 de abril en Cañasgordas, Antioquia, y el 13 en Puerto Libertador, departamento de Córdoba.

La masacre del 14 y 15 de enero de 1990 fue ordenada por Fidel Castaño Gil, uno de los fundadores de las bandas paramilitares, que en Colombia están acusadas de miles de asesinatos. Castaño habría muerto a mediados de los años 90.

Rostros del drama

Katy Fuentes, hija de Wilson Fuentes, uno de las víctimas de la masacre, recordó que la noche en que mataron a su padre era domingo.

“El fue al pueblo para hacer compra de provisiones” y ella (14 años), su madre y su otra hermana se quedaron en la finca. El mismo 15 de enero las tres mujeres tuvieron que abandonar a Pueblo Bello y se fueron a vivir a Montería, 500 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Fuentes se consideró afortunada porque no tuvo que ver cómo mataban a su padre.

En tanto, Domingo Bohórquez dijo que tenía siete años cuando mataron a su padre, Manuel. Al igual que Katy Fuentes, la familia Bohórquez tuvo que abandonar Pueblo Bello para que los paramilitares no lo mataran a todos.

CIDH condenó al Estado

En enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló responsable al Estado colombiano por la desaparición de los 43 campesinos de Pueblo Bello. Adicionalmente, ordenó pagarles a los familiares de las víctimas una indemnización equivalente a varios millones de dólares.

Por los hechos de Pueblo Bello, las autoridades colombianas han procesado al menos a 23 personas, según la Fiscalía. Sin embargo, en concepto de la CIDH, el estado colombiano no adelantó en su momento una investigación seria para esclarecer los hechos.

La búsqueda de los otros 36 cuerpos continúa, ha dicho a la AP la fiscal Marisol Ariza, quien hace parte del equipo de la Fiscalía que encabeza la entrega de restos óseos en Pueblo Bello.