En dos semanas, máximo, los 18 albergues que sirven de hogar a los 2 mil 409 deportados y desplazados de Venezuela quedarán reducidos a uno solo.

Así lo anunció el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, al presentar un balance de la operación de asistencia humanitaria que se inició hace 36 días en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, tras el cierre de la frontera que puso en marcha el presidente Nicolás Maduro.

La tendencia de la operación que se presenta en la actualidad empieza a ceder, debido a la partida de unas tres mil personas de los albergues, bien sea porque consiguieron empleo, otros porque fueron a sus municipios de origen y otros más porque se establecieron en municipios de Norte de Santander, dijo el funcionario.

“Hoy la cifra de personas en albergues nos permite plantear a las alcaldías de Villa del Rosario y Cúcuta la entrega de los albergues a partir de la próxima semana”, precisó Márquez.

Explicó que una vez suceda esto se establecerá un solo albergue en la sede donde antes funcionó Interferias, a donde se atenderá a cerca de mil personas que son las que aún no deciden su partida ni su empleo.

La Opinión conoció que un motivo por el que muchas personas no se deciden a abandonar los albergues es porque han tenido problemas para acceder a las ayudas ofrecidas por el Gobierno Nacional. (Ver recuadro).

Voceros del Puesto de Mando Unificado reprocharon que de mil soluciones de subsidio de arriendo que están aprobadas, solo se han acercado a retirarlas 300 personas.

Márquez señaló que el impacto de la emergencia se va a notar menos en Villa del Rosario y Cúcuta con la evacuación de los albergues, lo que quiere decir que el esfuerzo que se ha hecho en materia de salud, educación, identificación, convivencia y seguridad se ha cumplido.

Luego de 36 días del cierre del paso fronterizo, en el Registro Único de Damnificados –RUD- hay 17 mil 027 personas.

Quejas por los empleos

Paola Sánchez, una deportada que permanece en los albergues de Villa del Rosario, señaló que no ha podido conseguir trabajo y que por eso no se atreve a salir de los refugios.

La Opinión visitó los albergues y en ellos conoció que varias personas se niegan a salir, como lo han hecho los primeros, porque dicen que no están cumpliendo con los contratos.

“Nos dicen que ya tenemos los contratos firmados y que esperemos la llamada de los empleadores, pero a muchas no nos han vuelto a llamar”, dijo Sánchez.

Según Nelly Esperanza Roso Serrano, coordinadora regional de la Agencia Pública de Empleo Sena, entidad que hace ejerce de intermediaria en la contratación de los deportados, dijo que hasta la fecha han logrado ubicar en empleos a 340 personas.

“Si bien es cierto que el Sena ha hecho un apoyo descomunal en búsqueda de las vacantes, hay que reconocer que en el afán de solucionar de manera inmediata esas necesidades de la gente pudimos haber incurrido en un error, pero esos errores se cometieron en el deseo de mejorar las condiciones de vida de la gente”, dijo.