Si Cúcuta quiere ser más competitiva tiene que empezar a trabajar en reducir la tramitología que actualmente se le exige al sector de la construcción. Así lo evidencia el último informe del Doing Business, en donde a pesar de ocupar el sexto lugar en facilidad para hacer negocios, la ciudad demuestra pocos avances para los constructores.

El problema más evidente en el indicador de obtención de licencias de construcción –que es uno de los cuatro componentes del estudio elaborado por el Banco Mundial-, la ciudad ocupa el puesto 17.

Uno de los problemas indentificados son los altos costos. De acuerdo con el Doing Business, el costo de los documentos que se deben conseguir en la ciudad para cada proyecto, representan el 5,9% del ingreso per cápita, un indicador que está un punto por encima del promedio nacional que es de 4,6% y muy lejos del 2,2% del que se paga en Inírida, la capital donde hay un menor gasto.

Margarita Contreras, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Cúcuta Nororiente, explicó que un buen ejemplo de esta situación es que para cada proyecto son seis estampillas.

Este problema de costos hace que los empresarios lo piensen más al momento de apostarle a un proyecto y le resta competitividad a Cúcuta, con relación a otras ciudades del país.

Pero este no es el único inconveniente, el otro es el tiempo que se requiere para conseguir dichas autorizaciones y certificados. Según el Doing Business, las empresas demoran 133 días en obtener sus licencias de construcción.

De los 15 trámites exigidos, los que más tiempo toman son: Obtención de licencia de construcción (27 días), estudio de suelos (25 días) y la solicitud del certificado de permiso de ocupación e inspección (16 días).

Uno de las debilidades encontradas por Camacol, es que para cada pago o trámite, los empresarios tienen que ir a oficinas diferentes, haciendo cada uno de forma independientes.

Las soluciones ya se conocen, iniciativas como la de tener una ventanilla única de trámites y una plataforma de pagos virtual, aliviarían parte de la problemática, pero para eso se necesita inversión y voluntad de parte de las entidades territoriales.

Al respecto, Contreras indicó que desde el gremio se viene trabajando con las autoridades en este tema, pero hace falta la decisión final de las mismas para mejorar las condiciones y facilitar los negocios a los constructores.