El desarrollo de las zonas afectadas por el conflicto armado, más conocidas como Zomac, es una de las principales apuestas del Gobierno Nacional con el proceso de paz.

Para lograr este objetivo, el Estado definió un listado de 344 municipios del país víctimas de la guerra y con un potencial de crecimiento importante.

Dichas poblaciones, en donde están incluidas 12 de Norte de Santander, tienen unas garantías especiales que buscan fomentar la inversión.

La última de ellas fue reglamentada y firmada este miércoles por el Gobierno Nacional. Se trata de la posibilidad que tienen las nuevas empresas instaladas en estos territorios de cambiar el pago de impuestos por el desarrollo de obras que beneficien a la comunidad.

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La modalidad de obras por impuestos, como había quedado consignado en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 de la última reforma tributaria, se suma a la reducción en el pago del impuesto de renta al que también tienen opción estas unidades productivas.

En Norte de Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta conformó todo un equipo de trabajo para acompañar a los empresarios que quieran hacer parte de las Zomac y participar de sus beneficios.

A continuación La Opinión explica en que consiste esta opción de cambiar impuestos por obras y cómo se puede hacer efectiva.

¿Qué empresas pueden participar?

Los negocios, que deben tener su sede administrativa y productiva en uno de los municipios Zomac, necesitan ingresos mínimos brutos anuales de 33.610 UVT ($1.070 millones), para poder participar de esta iniciativa.

¿En qué tipo de proyectos se puede invertir?

Según explicó el presidente Juan Manuel Santos, este mecanismo permite que los empresarios inviertan en proyectos de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, y la construcción y reparación de infraestructura vial.

¿Cómo funciona el modelo de obras por impuestos?

Básicamente, explicó el Ministerio de Hacienda, se trata de darle la posibilidad al empresario de invertir parte del dinero que va a pagar en impuestos en proyectos que generen un bienestar público.

¿Cuánto debe invertir cada empresa en los proyectos?

La regulación ajusta dos modalidades.  En la primera, la inversión en el proyecto no debe superar el 50% del total de la declaración de renta del periodo gravable y al final, cuando la obra sea entregada, se le descontará el pago del impuesto por un valor igual al valor invertido.

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Es decir, que si un empresario tiene $200 millones de impuesto de renta, se le permite financiar la obra por un valor de hasta $100 millones.

En esta primera opción se pueden financiar proyectos de infraestructura y dotación  en salud y educación, entre otros.

En la segunda modalidad, en donde la inversión supera el 50% del valor del impuesto de renta, la recursos excedentes aportados por la unidad de negocio le serán descontados por cuotas de la declaración de renta durante un    periodo máximo de 10 años. Sin embargo, solo se aceptan proyectos de infraestructura.

¿De dónde saldrán los proyectos?

Las empresas interesadas pueden presentar las propuestas debidamente estructuradas ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que administrará el banco de proyectos para este programa. Allí también se ofrecerán obras a las que los empresarios podrán optar para su desarrollo.

Los proyectos deberán presentarse, según lo establece la Ley 1819 de 2016, entre el primero de enero y el 31 de marzo de cada año.