El cobro del impuesto de valorización que adelanta la Alcaldía de Cúcuta tiene contra las cuerdas al sector empresarial de la ciudad. El descontento con este tributo es tan alto, que ya hay propuestas para presentar demandas conjuntas contra la administración municipal.

Si bien aún no hay nada decidido y en este momento se están preguntando al interior de cada organización quiénes estarían dispuestos a apoyar y aportar los recursos económicos necesarios para sostener una acción legal de esta naturaleza, La Opinión pudo conocer que algunos empresarios ya levantaron la mano para dar su apoyo a la iniciativa.

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Uno de los abogados interesados en llevar uno de estos procesos es Édgar Eduardo Cortés Prieto, que esta semana se reunió con diferentes gremios para manifestarles la necesidad de buscar una salida desde la ley a la situación que se está presentando en la ciudad.

Para el abogado, que durante ocho años fue magistrado del tribunal administrativo de Cúcuta y que hoy trabaja de forma independiente, la valorización y el predial en Cúcuta tienen un problema fundamental: la sobrevalorización de los predios.

La situación es tan grave que hay inmuebles cuyo avalúo catastral es mucho mayor al valor comercial, señaló Cortés.

Pero, el principal problema, dijo, es la falta de claridad en el impuesto de valorización porque no se sabe exactamente cuáles son las obras que se van a desarrollar con estos recursos y muchos de los proyectos de los que se está hablando ni siquiera tienen el cierre financiero. 

“La valorización se está generalizando. A la ciudadela  La Libertad están llegando recibos para pagar la ciclorruta de la Gran Colombia y ahí la pregunta es si ellos se van a beneficiar de este proyecto y sus inmuebles se van a valorizar por esa obra, porque eso es lo que implica la valorización”,  precisó el abogado.

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as propuestas de demandas que ya son estudiadas por comerciantes e industriales, terminan por enredar el proceso de cobro que adelanta la alcaldía de Cúcuta, que es, por demás, el principal caballo de batalla del alcalde César Rojas, pero también el principal generador de críticas por la falta de claridad.

Frente a las personas que ya pagaron el impuesto, el abogado dijo que este no es razón para no demandar porque en otras ciudades, como en Armenia, la ley ya ordenó la devolución de dineros pagados y el alcalde hasta terminó en la cárcel.