Si Cúcuta quiere bajarse del podio de las ciudades con mayor tasa de desempleo deberá ocupar a ocho mil personas para recortar dos puntos porcentuales y si desea reducir el índice a un dígito deberá crear más de cuarenta mil empleos, siempre y cuando, la población económica activa se mantenga igual. 

Tarea que no será fácil por la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional para contener el nuevo coronavirus y el flujo migratorio desde Venezuela que en el primer trimestre aumentó la oferta laboral real en esta zona del país en once mil personas, de 393.000 a 404.000.

Mientras las autoridades nacionales hacen su mayor esfuerzo para mantener aplanada la curva de casos positivos de la COVID-19, la tasa de desocupados en el área metropolitana parece no tener control y arrastra a ochenta mil desempleados en el primer trimestre de 2020, doce mil más que el año pasado. 

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Los recientes datos del DANE revelan que el impacto de la cuarentena no se hizo esperar y se prevé que para el próximo trimestre móvil (febrero-abril) la tasa de desempleo supere el 20 por ciento, si otras doce mil personas pierden su empleo por el cese obligado de las actividades económicas. 

La pandemia apareció cuando el mercado laboral de la capital de Norte de Santander comenzaba a dar muestras de recuperación en sectores en las que es muy competitiva: comercio, confecciones, calzado, alojamiento y restaurantes. El Año Nuevo, las vacaciones y la temporada escolar activaron el consumo y, de paso, el empleo. 

Aunque el volumen de ocupados creció en once mil personas en el trimestre móvil diciembre-febrero, este resultado no fue suficiente para evitar que Cúcuta ocupara el tercer lugar con una tasa de 18,1 por ciento y cuatro mil desempleados más. Superado por Quibdó e Ibagué. Hoy, es segunda y registra un índice de 19,8 por ciento, con doce mil desempleados más. 

Cúcuta, en la actual coyuntura –migración más parálisis de la economía– tiene el terreno abonado para llegar a los cien mil desocupados si la cuarentena se alarga. Aunque el gobierno ha comenzado a liberarla, a la recuperación económica le tomará tiempo para sacudirse del letargo en el que fue sumida por la pandemia. 

Si el área metropolitana de Cúcuta llegara a los cien mil desocupados en el corto plazo, este grupo de personas representaría un poco más que la población de Villa del Rosario (93.735, Censo 2018) y superaría la capacidad del estadio del Barcelona, el Nou Camp en España (99.354). 

También sería casi el equivalente a la población ocupada por el sector comercio, hoteles y restaurantes que empleó 118.000 personas en el trimestre enero-marzo de 2020. Cifra que representa el 36,4 por ciento de los ocupados en el área metropolitana de Cúcuta, según el DANE.

Así que el reto de bajar el índice de desempleo, aunque sea un punto porcentual, trasnochará no solo a la administración municipal sino al gobierno nacional, si se tiene en cuenta que el país perderá entre 1,5 y 2,5 millones de empleos este año, según cálculos de Fedesarrollo. 

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Los trabajadores por cuenta propia son los más afectados y el área metropolitana de Cúcuta tiene 203.000 personas en esa condición, el 63 por ciento de la fuerza laboral. En el primer trimestre de 2020, esta población reportó tres mil ocupados más que, tal vez, vienen de los inactivos, cuyo volumen se redujo en esa misma proporción, de 283.000 en 2019 a 280.000 en 2020. 

¿Cómo proteger el empleo?

Recuperar y mantener el empleo no será un asunto fácil en este contexto inesperado, como lo afirma Jorge Ramírez, investigador del Observatorio Regional de Mercado de Trabajo de Norte de Santander (Ormet), quien plantea tres alternativas para salvar puestos de trabajo.

La primera, subsidiar los empleos existentes; la segunda, materializar programas de ingreso solidario para trabajadores informales y la tercera, ejecutar un plan ambicioso de recuperación económica y social poscuarentena.

El docente de la Universidad Libre explica que para contener la destrucción de empleos depende de que las empresas conserven los existentes y generen nuevas plazas; para ello, necesitan financiación para capital de trabajo y pago de nómina, más apertura de mercado en Colombia y el mundo.

“Hay factores asociados a la oferta laboral. Los trabajadores deben estar capacitados para desempeñar las labores actuales, a partir de la apertura de nuevas empresas. Además, se debe reducir el empleo juvenil con educación formal para garantizar su permanencia en el colegio o la universidad, ya que no cuenta como un desempleado para el DANE”.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que la estrategia de ofrecer créditos especiales para ayudar a las empresas se quedó corta y que se requiere de medidas más concretas y efectivas, como el subsidio a la nómina por medio de transferencias directas del Gobierno.

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Explica que la intención de ampliar los créditos para que las empresas se endeuden y paguen sus nóminas es insuficiente y no tiene sentido económico el hecho de endeudarse y mantener una operación sin generar ingresos, sobre todo, cuando la cuarentena se alargó hasta el 25 de mayo. 

“El mecanismo ideal para proteger el empleo son los subsidios a la nómina, no son préstamos, sino una transferencia del Gobierno. En otros países ya se implementó, hace más de un mes, y nosotros estamos en mora de hacerlo. El subsidio cubriría un porcentaje del sueldo, con la condición de que las empresas no despidan gente”.

De hecho, el presidente Iván Duque declaró el miércoles una segunda emergencia económica por la pandemia del coronavirus que le permitirá al Gobierno atender y proteger las nóminas de las empresas.

El principal objetivo de la medida es subsidiar las nóminas de las empresas afectadas por la parálisis económica causada por la cuarentena que rige desde el 24 de marzo para contener la propagación de la COVID-19.

En aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas, se subsidiará el equivalente al 40 por ciento de un salario mínimo (350.000 pesos por empleado) de las nóminas de las compañías que hayan tenido una reducción en sus ingresos del 20 por ciento.

La medida cobijará a seis millones de personas en todo el país y se estima que beneficiará a unos 67.392 trabajadores formales en el área metropolitana de Cúcuta, que representan el 21 por ciento de población ocupada. El apoyo económico será por tres meses y se pagará a partir de la primera quincena de mayo.

Además del subsidio a la nómina, Reyes afirma que se necesitan de medidas complementarias para ayudar a las empresas a cubrir costos y gastos operativos, como el pago de arriendos que el Gobierno también podría subsidiar para evitar el cierre de negocios que están conservando los empleos.

“Otro tipo de medida que si se ha implementado, que es un buen complemento pero no es suficiente, es la de postergar las obligaciones tributarias, suspender el aporte a pensiones por un par de meses, todo esto reduce los costos de mantener a los empleados en un momento como este”, afirma el director del Observatorio Fiscal.

Se estima que el país necesita de 20 billones de pesos para responder a las múltiples necesidades originadas por la pandemia de la COVID-19, entre ellas, la protección del empleo. La forma de obtener los recursos no es el problema sino cómo se va a pagar esa deuda que se adquirirá con los organismos internacionales o el banco central.

“Hay que esperar que la economía esté en mejor situación y luego replantear algunas de las medidas que se tomaron con la reforma tributaria, como el recorte de impuestos a las empresas por 9 billones de pesos; reversar estas medidas sería una manera de pagar la deuda en la que incurramos hoy para los subsidios a la nómina”, dice Reyes.

En el caso de los trabajadores informales y cuenta propia, los programas sociales Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA han sido las principales herramientas de apoyo para estos trabajadores, cuyos beneficiarios se podrían ampliar con transferencias adicionales. 

En ese rubro, el Gobierno ha destinado más de 4.000 millones de dólares, dentro de la primera emergencia económica, declarada el pasado 17 de marzo. Solo en el subsidio a la nómina, se destinarán 6 billones de pesos. Los recursos provienen de las inversiones de las entidades bancarias en títulos de deuda y del Fondo de Mitigación de Emergencias, informó el Ministerio de Hacienda.

Colombia puede endeudarse hasta por 40 billones de pesos adicionales a lo previsto, gracias a que el comité de normas fiscales amplió el espacio del déficit fiscal de 2,2 a 6,1 por ciento del PIB. Se espera que la economía colombiana tenga una contracción de 5,5 por ciento en 2020, según las proyecciones de Fedesarrollo en el peor de los escenarios.