Los rumores de que se estaría llevando a cabo un proceso para entregar a manos privadas la administración del Policlínico de Atalaya cobraron fuerza en los últimos días, al conocerse que una decisión en tal sentido estaría concretándose en cuestión de semanas y estaría solo a la espera de la viabilidad que entregue el Ministerio de Salud.

El concejal Oliverio Castellanos encendió el debate durante el control político que se adelantó a la ESE Imsalud para conocer qué tanto se ha cumplido el plan de desarrollo en este ente descentralizado del municipio.

Dijo que el año pasado se intentó privatizar el Policlínico con la creación del centro de traumas, en un contrato de concesión que se tenía listo pero que a la postre no prosperó por la intervención a tiempo del Concejo y de la misma comunidad de Atalaya.

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Castellanos dijo que lo que se pretende ahora ya no es un centro de traumas, sino un hospital de segundo nivel de complejidad en el centro médico pero, igual, para entregar a un particular su administración.

“Con la salud no se negocia ni se improvisa”, dijo Castellanos a la gerente de Imsalud, al señalar que se opondrá a las pretensiones de las directivas de esta empresa social del estado, de privatizar el policlínico, dijo Castellanos.

Agregó que lo que debería hacer Imsalud es fortalecer las Ips que hay, al igual que las unidades básicas.

Dijo que el nivel dos de complejidad se debería cubrir con las unidades básicas en lugar de estar pensando en un hospital en el policlínico.

Líderes comunales de Atalaya también salieron al paso de los rumores que hablan de convertir el policlínico en un hospital.

“Estamos de acuerdo en que sea un hospital, pero que el mismo sea administrado por el municipio y no por un privado”, dijo Horacio Galvis, dirigente de la Ciudadela de Atalaya.

Calabró le respondió a Castellanos que es cierto que hay un proyecto en tal sentido, pero se abstuvo de revelar quién administrará el hospital de segundo nivel en caso de concretarse.

Dijo que al ministerio de Salud se presentó el proyecto y allí se plantearon ajustes y recomendaciones. Ya no se está hablando solo de centro de traumas sino de mediana complejidad, dijo la funcionaria.

Aclaró que a la fecha no hay nada en firme porque no han dado viabilidad y por ello no podemos hablar de contratación ni de nada.

Dijo que paralelo a este proyecto también se presentó una iniciativa para crear la red de urgencias (equipos de radiocomunicaciones), el mismo que también está en ajustes.

Gobierno no paga

La gerente de la ESE Imsalud, Katherine Calabró, reclamó del Gobierno Nacional y del Instituto Departamental de Salud el pago por los servicios prestados a la población venezolana correspondiente a las dos últimas vigencias.

Dijo que este año el incremento de la atención de venezolanos se produjo de manera desbordada al pasar de 6.081 eventos a 13.723.

La ESE Imsalud atiende a los inmigrantes de acuerdo a lo que exige la Ley, sin embargo, a la fecha, el Gobierno Nacional le adeuda a esta entidad más de 800 millones de pesos, incluido atenciones del año pasado por urgencias y por vacunación.

Lo difícil no es prestar la atención, porque de hecho siempre lo hemos hecho, aquí lo difícil es no poder contar con los recursos por la atención que prestamos, dijo Calabró.