La  Contraloría Municipal emprendió indagación preliminar contra la Alcaldía de Cúcuta por varios contratos de obras civiles que se ejecutaron desde 2016 y sobre los cuales llovieron quejas la semana pasada por los costos, y porque en uno de ellos, al parecer, no se justificaba la inversión.

La titular del órgano de control fiscal, Blanca Cruz González, mencionó que a raíz de los controles políticos del Concejo surgieron muchas investigaciones a despachos como Gobierno, Hacienda, Tránsito,

Infraestructura, entre otros.

En el caso de Infraestructura, la contralora reveló que su despacho indaga sobre las quejas presentadas la semana pasada por las inversiones hechas en la ampliación y remodelación del colegio Inem, las cuales ascendieron a $3.300 millones. 

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De este contrato, la Alcaldía anunció que hará un adicional para proceder con el reforzamiento de la antigua estructura, que data de hace más de 40 años.

Una de las denuncias señala que en el Inem los trabajos contemplaron la reparación de una estructura que ya existía, y se señaló que era más que suficiente la inversión que se hizo.

Invertirle más quiere decir que hubo improvisación y falta de planeación, dijo el concejal Oliverio Castellanos.   

Añadió que si se compara con la inversión que se hizo en el nuevo colegio que se construyó en el barrio Aeropuerto, a la vista se comprueba que con la misma cantidad se hizo más, debido a que allí la construcción del plantel sí es nueva.

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Otra de las investigaciones que se emprendió es para verificar si se justificó la inversión de $200 millones que hizo en 2016 la Secretaría de Infraestructura en el CDI de Cormoranes, máxime cuando se conoció que ese edificio era imposible usarlo como consecuencia de los daños estructurales que presenta.

El titular de ese despacho, Yonny Contreras, argumentó que la inversión que se hizo corresponde a pisos, sistemas de drenaje y una cubierta. 

“Mucho tiempo después fue que se conocieron las fallas de diseño”, precisó el funcionario.

La contralora Cruz  González adelantó que en muy pocos días se conocerán resultados en el proceso del del Club de los Abuelos de Atalaya, el cual estaba ya en la etapa de decisión por responsabilidad fiscal. En este caso hubo recusación y por ello hubo que esperar mientras se resolvía este recurso, dijo la contralora. 

Quejas por planta de agua

Entre tanto, el edil del corregimiento de Buena Esperanza, Olegario Anaya, reprobó los trabajos de la planta de tratamiento que construyó la Alcaldía en ese sector rural.

Denunció que sin haberse puesto en funcionamiento la estructura de cemento, ya presenta fisuras en una de las paredes. 

En esta obra, cuyo contrato fue adjudicado a Lisandro Antonio Maldonado Mora, y recibido a satisfacción por la Alcaldía, se invirtieron $804 millones. 

Otra de las quejas de Anaya tiene que ver con que el contratista no terminó el encerramiento de la planta.

El secretario de Infraestructura de Cúcuta, Yonny Contreras, desmintió las fallas denunciadas por Anaya y dijo que, por el contrario, la Alcaldía tiene asegurados $425 millones para un adicional que se destinará a la ampliación de la red de acueducto para poder dotar del servicio de agua potable a la población.

Esto se había acordado con la comunidad, dijo el funcionario, quien agregó que en la eventualidad de que se presenten las fisuras que dice Anaya, se harán valer las pólizas de garantía al contratista.