El punto de no retorno que marcó el cierre de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Gobierno Nacional ocurrió el 17 de enero de 2019, cuando José Aldemar Rojas, de quien se dijo era explosivista de esa guerrilla, ingresó a la Escuela de Cadetes General Santander y activó el carrobomba que conducía contra uno de los alojamientos de las mujeres que se preparaban para ser policías.

El vehículo que ingresó al alma máter de la Policía era una camioneta Nissan Patrol gris, cargada con 80 kilos de pentonita, los cuales estallaron a las 9:30 de la mañana de ese jueves.

El atentado, sin precedentes en la capital del país, metió en el congelador los diálogos que las partes sostenían en busca de una salida negociada al conflicto.

El saldo: 23 personas muertas, entre esos Rojas, y más de 70 heridos que fueron atendidos en diferentes centros asistenciales. En ese momento, todo era caos, incertidumbre y zozobra por parte de los familiares que llegaron hasta la puerta de la Escuela procurando información sobre sus parientes.

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En tiempo récord, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez entregó detalles de lo sucedido. Aseguró que Rojas era miembro del Eln, que le decían alias Mocho y detalló el recorrido que hizo para llegar al sitio. Según su versión, la camioneta salió de una bodega en Bosa, en el sur de Bogotá, y en su recorrido fue escoltado por una motocicleta roja.

Mientras Martínez daba su reporte, 21 familias asimilaban la noticia e impotentes veían que los sueños de sus hijos, hermanos y sobrinos se desvanecían. La víctima número 22 falleció diez días después a consecuencia de las heridas recibidas.

De algunas grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona se evidencia que la camioneta pasó sin ningún control la puerta en la que había varios patrulleros. Esta aparente falla en la seguridad motivó la más reciente decisión en el expediente que tiene la Procuraduría por el ataque de los elenos.

El ente de control vinculó a sus investigaciones a los generales Carlos Enrique Rodríguez González y Juliette Giomar Kure Parra, quienes para la época de los hechos estaban al mando de la Dirección Nacional de Escuelas y de la Dirección de la General Santander, respectivamente.

Advierte el Ministerio Público que “como parte de la apertura de la investigación se ordenó la práctica de nuevas pruebas tendientes a establecer el trámite que se dio a la valoración integral de seguridad física que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía, los protocolos implementados para brindar seguridad al personal y a las instalaciones y las acciones puestas en marcha para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados”.

En agosto, la Procuraduría asumió la investigación disciplinaria luego de que la Inspección General de la Policía Nacional ordenara remitir las diligencias al despacho del Procurador. En ese expediente puso a disposición de los procuradores por lo menos 24 pruebas testimoniales, videos y evidencias documentales del hecho.

En la actualidad, desde la Escuela de Cadetes informaron que avanzan con los planes de seguridad para evitar ataques similares. “En la Escuela constantemente se están fortaleciendo los protocolos, los sistemas tecnológicos y actualización de procedimientos con el personal”, dijo la entidad.

En lo penal

La primera captura se registró a las pocas horas de que se cometió el ataque. El sospechoso, quien permanece detenido, es Ricardo Andrés Carvajal, de quien el ente acusador ha señalado que tiene suficiente material de evidencia para responsabilizarlo como uno de los autores materiales del atentado, ya que en su casa habrían encontrado elementos relacionados con el Eln y una grabación en la que, supuestamente, se atribuye la responsabilidad.

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En septiembre pasado, ante un juez de garantías lo acusaron formalmente por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, daño en bien ajeno, terrorismo y transporte de explosivos. Los abogados que lo representan solicitaron en diciembre su libertad por vencimiento de términos, pero le fue negada.

En el proceso judicial también están vinculados José Eusebio Sánchez Gómez y Wilson Arévalo Hernández. Lo que en su momento expuso la Fiscalía es que el primero tenía en su poder las placas de la motocicleta roja que escoltó el carrobomba. Por estos hechos fue enviado a la cárcel.

En el caso de Arévalo, la Fiscalía terminó por vincularlo por ser la persona que, aparentemente, hizo el contrato de venta del vehículo a José Aldemar Rojas fechado el 20 de abril de 2018. 

En la audiencia en su contra, el fiscal del caso dijo ante el estrado que “el 8 de mayo de 2018 se tramitó mediante poder especial dado por Wilson Arévalo dirigido a la oficina de Tránsito y Transporte de Bello (Antioquia), para que realizara el traspaso del vehículo a José Aldemar Rojas y autenticado en la Notaría Única de Fortul (Arauca)”.

De igual forma, lo señalan de ser la persona que movilizó el carro hasta la bodega del sur de Bogotá para adecuarle el material explosivo que detonó en el máximo centro de estudios policiales del país.

Entre tanto, esta semana se conoció que el próximo 28 de febrero, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a cuatro integrantes del Comando Central (Coce) del Eln y tres personas más que harían parte de la Dirección Nacional de esta guerrilla.

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Ascenso póstumo

A la par con las investigaciones en lo disciplinario y en lo penal, el Congreso tramitó un proyecto de ley que establecía, por un lado, el reconocimiento prestacional y pensional a los cadetes, y la promoción post mortem al rango de subtenientes.

“Este año se hizo efectiva la ley de honores donde se le permitió el ascenso póstumo al grado de subteniente y, por supuesto, los recursos económicos depositados a cada uno de ellos les quedan a sus familias. Esto es, simplemente, un reconocimiento a quienes dieron la vida por el país”, señaló el director de la Policía, general Óscar Atehortua, durante la ceremonia celebrada el pasado 23 de diciembre en el campo de paradas de la General Santander.

En el acto se condecoró también a la estudiante ecuatoriana Erika Sofía Chico Vallejo, quien murió en el atentado, y obtuvo la nacionalidad colombiana por adopción.